La Oficina del Contralor exhortó este lunes a los funcionarios y empleados de la Oficina del Gobernador a velar por el cumplimiento de la Ley y reglamentación aplicables tras evaluar querella por la contratación de un fotógrafo bajo la administración de Ricardo Rosselló.
Según se informó, a pesar de haber tenido un fotógrafo dentro de la nómina, la oficina le dio un contrato a una corporación para los mismos servicios, pagando $135,140 entre enero de 2017 y julio de 2018, más sobre $13,000 en rembolsos por gastos de viajes.
El fotógrafo en la nómina de la oficina tenía un salario de $4,000 mensuales.
“La corporación fue contratada para realizar servicios de fotografía, a pesar de que la OG contaba con un fotógrafo dentro de su nómina. Esto conllevó el pago innecesario de $135,140 por los servicios prestados. Esta situación es contraria a lo establecido en los contratos y a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 237-2004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA, según enmendada. En el mismo se establece lo siguiente: La contratación de servicios profesionales o consultivos se perfeccionará excepcionalmente y se utilizará únicamente cuando la entidad gubernamental no cuente o no pueda utilizar los recursos internos a ser contratados, o cuando el “expertise” destreza o experiencia del contratista sea necesario para la consecución de los fines para lo cual es contratado. [sic] La situación comentada resultó perjudicial para el interés público y las finanzas de la OG, ya que dieron lugar a que se desembolsaran honorarios mayores a los que correspondía otorgarse por salarios mediante puestos regulares”, lee la conclusión de la Oficina del Contralor.
En la querella, también se alegó irregularidades con el uso de la tarjeta de crédito asignada a la oficina.
Sobre esto, la Contralora Yesmín Valdivieso determinó que también es contrario a la Ley.
“La falta de controles adecuados sobre la tarjeta de crédito permitió que el ayudante especial la utilizara para realizar compras personales, lo que propició el desembolso innecesario de fondos públicos”, lee el documento.
Según el análisis realizado, el ayudante del gobernador habría utilizado la tarjeta para realizar compras personales por $1,536, de los cuales rembolsó $952.
