La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) informó este lunes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó a la OPM de la lista de agencias estatales de alto riesgo, imposición que tuvo lugar en agosto de 2015 debido a unos señalamientos sin resolver del Departamento de Justicia de Puerto Rico desde el 2012.
La eliminación del estatus de alto riesgo permite que la OPM pueda solicitar fondos de forma directa y no por medio de reembolso, se indicó en una declaración escrita.
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“Tras haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos del gobierno federal, ahora la OPM tendrá la oportunidad de acceder directamente a fondos federales prioritarios para luchar contra la violencia hacia las mujeres en la Isla. El acceso directo a los fondos de STOP y SASP permitirá reducir la burocracia y agilizar la provisión de servicios para tantas víctimas que así lo requieren”, explicó la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.
La funcionaria agregó que “estamos muy agradecidos del apoyo del gobierno federal y de todos los servidores públicos a nivel estatal que han estado involucrados en este proceso de remoción de la designación de alto riesgo. Sus esfuerzos serán de gran ayuda para las entidades y organizaciones que tanta asistencia ofrecen a las víctimas de agresión y violencia”.
Puerto Rico
El Programa de Servicios para Víctimas, Capacitación para el Sistema de Justicia Penal, Responsabilidad del delincuente, Policía y Fiscalía (STOP, por sus siglas en inglés) se otorga para que los estados en sus esfuerzos por desarrollar y fortalecer estrategias efectivas de aplicación de la ley y enjuiciamiento para combatir los delitos violentos contra las mujeres. Desarrollar y fortaleces los servicios a las víctimas en casos que involucran delitos violentos contra las mujeres.
Mientras, el Programa de Servicios a Víctimas de Agresión Sexual (SASP, por sus siglas en inglés) provee fondos para apoyar a organizaciones que provean servicios esenciales, intervención directa y asistencia para víctimas, así como a sus familiares y otras víctimas afectados por la agresión sexual.
Según la misiva del Departamento de Justicia federal, el Departamento de Justicia de Puerto Rico cumplió con concluir las recomendaciones del informe de auditoría GR-40-15-006; y con garantizar que funcionarios clave del estado completaran la sesión de adiestramiento de gerencia financiera para subvenciones auspiciadas por Justicia federal; entre otros requisitos.
