Padres de estudiantes con impedimentos y entidades que dan servicios a esa población, se reunieron el domingo en el lado norte de El Capitolio para expresar su oposición al proyecto de la Cámara 1945, que busca crear una nueva Ley de Educación Especial.
“Menos derechos, más burocracia y poder del gobierno contra los estudiantes de Educación Especial, es lo que pretenden con este proyecto bajo el cuentito de querer aumentar el cumplimiento”, así lo denunció la madre y portavoz del grupo, Linda Ramos.
“El proyecto elimina servicios de intervención temprana para infantes desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, la transición de estos, al nivel preescolar, no se atempera con la transición requerida de los estudiantes a una vida pos-secundaria. Tampoco atiende la necesidad de defensa de derechos a la educación especial adecuada de los menores cuya patria potestad la tiene el estado, ni crea mecanismos para atender las necesidades de los estudiantes con impedimentos que están bajo la custodia de los abuelos, y otros igual de importantes”, agregó.
Según Ramos, la pieza legislativa ha incrementado el nivel de hostilidad ente los padres y el Departamento, al afectarse los servicios.
“Crean la figura de un defensor de menores para exterminar a los intercesores, al que se le exigirá una reválida que le otorgará una junta nombrada por el Gobierno y responsabilidades que sólo pueden ser exigidas a un abogado. Los padres entienden que detrás de ese artículo lo que se esconde es una campaña de miedo y de persecución contra nosotros, porque crea un delito menos grave con pena de cárcel de tres meses y/o tres mil dólares de multa para todo aquél, que sin ser validado por esa junta, utilice la palabra defensor en las reuniones en las escuelas. Peor aún, que desapaciblemente caiga en la encerrona de firmar un documento donde un funcionario malicioso le haya descrito como tal, para que sea acusado criminalmente”, destacó.
De otra parte Carmen Warren, del Comité Timón de Padres de familias con personas con impedimento, catalogó como inaceptable la medida, y resaltó que esta trastoca las estipulaciones de la sentencia del caso Rosa Lydia Vélez, cuando se pretende aumentar a 30 días el plazo que tiene el DE para contestar las solicitudes de servicios que hacen los padres mediante el Remedio Provisional (RP). En la actualidad la sentencia les obliga a contestar en 20 días. Es absurdo que tengan que ahora que acudir a una mediación, de surgir una controversia por los servicios solicitados. Mediante el RP la agencia está obligada a pagar los especialistas privados que los padres identifiquen en el sector privado para proveerle servicios de terapias, evaluaciones, transportación, becas de transportación, asistentes, enfermeras, entre otros, que el DE les niega históricamente o les provee de forma inapropiada. Los servicios que se solicitan por el remedio provisional son los que cuentan con un referido de aprobación del componente de programación y ubicación escolar, mejor conocido como COMPU, o ya están consignados en los programas educativos individualizados (PEI) de los estudiantes.
Carmen Skerrett, madre intercesora de San Juan, denunció que la medida presenta un raquitismo sobre los servicios de asistencia tecnológica afectando el que estudiantes reciban los equipos tecnológicos que necesitan para destrezas de vida diaria y educativos, como lo son sillas de ruedas, comunicadores para estudiantes que no hablan, computadoras, entre otros. Asimismo, expuso que fomenta la segregación de nuestros estudiantes creando dos sistemas paralelos de educación, politiza más el sistema cuando establece que el Secretario Asociado de Educación Especial será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y pretende hacer igual con los jueces administrativos de querellas.
Puerto Rico
Mientras tanto, Rosa Lydia Vélez, madre demandante del pleito de clase que lleva su nombre se dirigió a los padres y les dijo “Yo pase más de 38 años luchando para que mi hija y sus hijos recibieran los servicios de educación especial que necesitan y a los que tienen derecho. Me duele ver un abuso como el que se está cometiendo contra los padres y sus hijos con impedimentos. En una era de tanta información ¿qué necesidad hay de que los padres estén sufriendo también, este atropello de parte de la legislatura? Un día como hoy lo que se debe esforzar es obligar a que los funcionarios paguen consecuencias por el maltrato y los daños que le hacen a los estudiantes de educación especial hasta ir a la cárcel si fuera necesario y dejar ese invento de querer meter presos a los padres y son el mejor apoyo que tienen los padres en esta lucha. ¿Cuándo eso lo van a legislar? No quiero morirme sin ver realizado un sistema que respete los derechos por los que tanto he luchado y unos padres que por un lado estén militantes, aprendiendo, congregados, unidos junto a sus líderes que continúan esta lucha por mí. El proyecto en su versión anterior 1484, fue vetado a principio de este año por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló. No sé por qué insisten en hacernos tanto daño. A nombre del colectivo y mío propio les exijo que VOTEN EN CONTRA de ese proyecto. Que hagan como el representante del PNP, Néstor Alonso, que ha empeñado su palabra de votar en contra a este disparatado proyecto”.
El controversial proyecto, que será llevado a votación en el hemiciclo cameral mañana lunes a la 1:00 de la tarde, ha logrado consolidar una coalición de más de decenas de entidades e individuos entre los que se encuentran gremios magisteriales, abogados y clínicas de derecho.
