El juicio pautado para este martes contra Zulma Iris Figueroa Córdova y su esposo Luis Ángel Colón -quienes son imputados de no cumplir con la declaración del viajero ante la pandemia del COVID-19- fue pospuesto para el 10 de marzo tras estos llegar al Tribunal de Primera Instancia de Carolina sin representación legal.
La jueza Berthaida Seijo Ortiz determinó que debían conseguir un abogado para continuar con el proceso judicial.
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Ambos enfrentan cargos por resistencia a la autoridad pública.
La pareja había sido arrestada el pasado mes de enero tras haberse antricherados en un auto en la calle Wilson en la urbanización José Mercado en Caguas.
En el vehículo habían menores, según se informó a Telenoticias.
La situación se extendió por varias horas, incluso, hasta allí acudieron manifestantes para apoyar a la pareja y tratar de evitar la labor de la prensa.
La pareja, que llegó a Puerto Rico junto a sus dos hijos de un vuelo procedente del estado de Florida, se negó a cumplir con el trámite establecido para ingresar a la isla de manera segura y evitar la propagación del COVID-19.
Al pasar al área de inspección, informó a funcionarios de la Guardia Nacional y empleados contratados por el Departamento de Salud que no proveería sus datos a través de la Declaración de Viajeros.
“Los oficiales procedieron a escoltarla a la mesa donde se encontraba una empleada que le asistiría a cumplimentar la referida declaración. Sin embargo, la señora Figueroa, de manera altanera, retante y con claro menosprecio a la Orden Ejecutiva, se negó nuevamente a proveer su información personal, evidencia de resultado negativo de COVID-19 y su identificación”, relató la fiscal.
Mientras ocurrieron los hechos, la imputada se mantuvo grabando el proceso con su teléfono celular. Luego de esto, abandonó el aeropuerto junto a su esposo e hijos sin proveer la información solicitada por los funcionarios para cumplir con la obligación establecida en la Orden Ejecutiva.
“La Orden Ejecutiva contra el COVID-19 tiene fuerza de ley y se aprobó como medida para proteger a todos los ciudadanos. Su incumplimiento no solo es ilegal, sino que representa un riesgo a la salud de la población en este momento crítico. Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Nadie está por encima de la ley. Todo aquel que visite o resida en la isla tiene que cumplir con las normas establecidas. En este momento, más que un deber ciudadano, representa un acto de consideración con el prójimo. Todos queremos regresar a la normalidad y tenemos que colaborar”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.