Puerto Rico

Libre bajo fianza pareja que se atrincheró en Caguas

Enfrentan cargos por negarse a llenar la Declaración de Viajeros en el aeropuerto.

Telemundo

Zulma I. Figueroa Córdova, de 53 años, y su esposo, Luis Angel Colón Colón de 44 -quienes estuvieron antricherados en un auto en Caguas- quedaron libres bajo fianza este miércoles.

El inicio del juicio fue señalado para el 8 de febrero.

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Telenoticias supo que Colón Colón arrojó positivo a COVID-19, por lo que se activó el protocolo.

Se activó el protocolo | Se espera que ambos sean procesados este miércoles.

Ambos fueron detenidos tarde en la noche del martes, luego de varias horas de negociación con la Policía. Incluso, hasta allí acudieron manifestantes para apoyar a la pareja y tratar de evitar la labor de la prensa.

En el vehículo habían menores, quienes fueron entregados a familiares, según informaron a Telenoticias.

Contra la pareja se emitió una orden de arresto luego de que el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontrara causa por negarse a cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva contra el COVID-19 el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.

La pareja enfrenta un cargo menos grave por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo.  

Se atrincheraron en un auto en Caguas. Mientras, manifestantes acudieron al lugar.

Particularmente, la pareja se negó a cumplimentar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”, según requerida mediante la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi, por lo que el Departamento de Salud refirió el caso al Departamento de Justicia.  

“El juez ordenó su arresto, en vista de que no comparecieron hoy, a pesar de que fueron debidamente citados.  Lo que demuestra su claro menosprecio por la autoridad y la ley, así como un desafío al tribunal y a nuestro sistema de justicia. Ante esto y por tratarse de un caso de alto interés público, solicitamos la imposición de fianza. Aunque el cargo radicado es menos grave, el juez impuso $10 mil de fianza a cada uno al amparo de la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal”, explicó la fiscal de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Ileana Martínez Rosado, en comunicado de prensa.

La fiscal indicó que ambos podrían ser penalizados con una multa o hasta 6 meses de prisión. 

La pareja, que llegó a Puerto Rico junto a sus dos hijos de un vuelo procedente del estado de Florida, se negó a cumplir con el trámite establecido para ingresar a la isla de manera segura y evitar la propagación del COVID-19.  

Al pasar al área de inspección, informó a funcionarios de la Guardia Nacional y empleados contratados por el Departamento de Salud que no proveería sus datos a través de la Declaración de Viajeros. “Los oficiales procedieron a escoltarla a la mesa donde se encontraba una empleada que le asistiría a cumplimentar la referida declaración. Sin embargo, la señora Figueroa, de manera altanera, retante y con claro menosprecio a la Orden Ejecutiva, se negó nuevamente a proveer su información personal, evidencia de resultado negativo de COVID-19 y su identificación”, relató la fiscal.  

Mientras ocurrieron los hechos, la imputada se mantuvo grabando el proceso con su teléfono celular. Luego de esto, abandonó el aeropuerto junto a su esposo e hijos sin proveer la información solicitada por los funcionarios para cumplir con la obligación establecida en la Orden Ejecutiva. 

“La Orden Ejecutiva contra el COVID-19 tiene fuerza de ley y se aprobó como medida para proteger a todos los ciudadanos. Su incumplimiento no solo es ilegal, sino que representa un riesgo a la salud de la población en este momento crítico. Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Nadie está por encima de la ley. Todo aquel que visite o resida en la isla tiene que cumplir con las normas establecidas. En este momento, más que un deber ciudadano, representa un acto de consideración con el prójimo. Todos queremos regresar a la normalidad y tenemos que colaborar”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. 

La investigación se llevó a cabo con el apoyo de la supervisora de inspectores de la Oficina Investigaciones Departamento de Salud, Moraima Cruz Delgado. 

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