El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó el archivo de una querella contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, tras acoger la recomendación del Departamento de Justicia. Esto relación al alegado uso de fondos de una Comisión Cameral para el pago de facturas de servicios profesionales.
La querella que dio base a la investigación preliminar de Justicia se
centraba en alegaciones del ciudadano Michael Rodríguez González, quien
tomó las declaraciones del represtnante Ramón L. Cruz Burgos, sobre la intención de Hernández Montañez en el presupuesto de la Comisión Conjunta de Informes del Contralor, para radicar la petición.
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"El querellante sostenía, que, ya que los recursos de la referida Comisión
procedían directamente del Fondo General de Puerto Rico, el acto del
Presidente Cameral de intentar utilizar dinero no asignado al cuerpo legislativo
constituye una posible comisión de delito y ameritaba Ia investigación
correspondiente", indicó el PFEI.
La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de
Justicia, inició la pesquisa entrevistando al representante Cruz Burgos, quien
presidió la Comisión Cameral. Cruz Burgos declaró no conocer al querellante
que presentó la petición de investigación. Durante su entrevista, expuso todos
los alcances de la ley y de la manera que esta dispone sobre el financiamiento
de este ente legislativo. Expresó, ademas, que le había señalado al Presidente
Cameral sus inquietudes sobre el presupuesto y, posteriormente, fue relevado
de sus funciones y reducido su presupuesto para gastos operacionales en su
oficina legislativa.
No obstante, Cruz Burgos expresó, que entendía que ninguna acción de
Hernández Montañez incluía elementos de naturaleza penal que ameritaran la
radicación de cargos criminales.
Otros testigos del Departamento de Hacienda fueron citados para
conocer los procesos del financiamiento público de la Comisión Cameral.
El querellante, un comerciante de Moca, también fue entrevistado y
declaró que de su análisis al escuchar los reclamos de Cruz Burgos contra
Hernández Montañez, entendía que el presidente del cuerpo legislativo no tenía
Ia potestad en ley de utilizar fondos fuera de lo asignado por la Legislatura.
También se entrevistaron a funcionarios de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto sobre el proceso de aprobación presupuestaria. En este aspecto,
declararon que el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa en el
pasado año fiscal, había sido adoptado y recomendado en su totalidad por la
Junta de Supervisión Fiscal sin intervención del gobierno en ese proceso.
“Ante tales fundamentos, se concluye por el Departamento de Justicia
que el presidente Hernández Montañez no ha incurrido en conducta de
naturaleza penal que amerite presentación de cargos criminales en su contra”,
cita la Resolución del Panel y adjudica finalmente acoger la misma sin trámite
ulterior que no sea el archivo del asunto.
