El representante José Aponte Hernández dijo el martes, que radicará una resolución a fines de investigar por qué alrededor de 80 mil máquinas tragamonedas aún no están conectadas con el Departamento de Hacienda.
“La otorgación de licencias para operar este tipo de sistemas debe ser uno riguroso y tiene que estar acompañado con la conexión a los sistemas de verificación y fiscalización del Departamento de Hacienda”, dijo Aponte Hernández en comunicación escrita.
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“Estamos en junio y conocer que se otorgan licencias sin conexión es preocupante. Pero más difícil de entender aún es que todavía hay 80 mil maquinitas por la libre, operando sin que el gobierno conozca sus transacciones e ingresos, eso es ilegal, además se ser una competencia desleal contra los operadores en los casinos que tienen que regirse bajo todos los articulados de la ley”, añadió.
La resolución está dirigida a investigar las licencias otorgadas por la Comisión de Juegos de Azar para operar las máquinas de entretenimiento de adultos en los últimos 12 meses. Adelantó que la pesquisa incluirá las gestiones hechas por la Comisión para conectar al Departamento de Hacienda las 80 mil maquinitas que actualmente operan de manera ilegal a través de toda la Isla.
“Tengo que reiterar lo equivocado de argumento detrás de la operación de estas maquinitas que las mismas generarían alrededor de 130 millones de dólares en impuestos nuevos para el erario. Repito lo que dije antes, esa premisa es incorrecta. Esto no ha pasado porque no están conectadas para saber lo que aportarán, que sigo convencido que será mucho menor a la proyección. Todo esto sin tomar en consideración las nuevas licencias expedidas para maquinitas no conectadas”, sentenció el legislador.
De acuerdo con información científica disponible, la prevalencia del juego patológico en los Estados fluctúa entre el 0.4 al 1 por ciento. Mientras en Puerto Rico, la tasa es más alta que en cualquier otra jurisdicción de la nación. Un reporte de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en el 2018, confirmó que el 7.4 por ciento de la población de la Isla podría ser jugadores patológicos y un 6.4 por ciento adicional podrían tener problemas con el juego en el transcurso de sus vidas.
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Aponte Hernández destacó que existe data confiable, incluyendo un reporte de la compañía Spectrum Gaming Group, encomendado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico en el año 2013, el cual establece en sus conclusiones que, con la eliminación de todas las máquinas ilegales de la calle, el gobierno podría obtener unos 171.7 millones de dólares adicionales en ingresos.
“Esta cifra es muy superior a cualquiera que se ha estado proyectando, pues tan siquiera hay ingresos todavía”, culminó.
