El secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, confirmó este lunes que investigan a miles de empleados públicos por posible fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA).
En entrevista radial (WKAQ 580), Rivera Santiago dijo que se trata de sobre 10,000 trabajadores que habrían reclamado el PUA sin haber perdido su empleo, pues ningún empleado público ha sido despedido por la crisis del COVID-19.
Antes de establecerse el nuevo sistema “FastPUA”, que valida la información de los solicitantes con el Departamento de Hacienda, había cerca de 300,000 personas recibiendo el beneficio. Ahora, solo han cualificado 60,000.
Además de empleados públicos, las autoridades investigan a confinados que pudieron haber recibido la asistencia económica.
Entre los posibles casos, está el de Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de Arellys Mercado, ocurrido en agosto del 2018 en una marina de Fajardo.
El secretario dijo que han recibido mas de $12.5 millones en cheques que las personas han devuelto, porque solicitaron el PUA pero luego se dieron cuenta que no cualificaban.
Justicia
Por su parte, la secretaria de Justicia, Inés Carrau, estimó que unas 100 mil personas pueden haber solicitado ilegalmente la Asistencia de Desempleo Pandemico (PUA, por sus siglas en inglés).
“Nosotros en el Departamento de Justicia desde que se descubrió el fraude con el PUA hemos estado trabajando mano a mano con el Departamento del Trabajo y con la Policía de Puerto Rico, para investigar los casos y poderlos llevarlos a los tribunales y recuperar el dinero que se ha obtenido ilegalmente” dijo Carrau en entrevista por WKAQ 580.
En los casos en que las personas devuelven el dinero recibido ilegalmente, Carrau dijo que “eso no los excluye de que nosotros podamos llevar una acción investigándolos y podamos radicarle cargos, porque realmente el delito se cometió”.
“Si solicitó fraudulentamente con información falsa los beneficios del PUA, puede estar seguro que si Justicia lo investiga, va a ir hasta las últimas consecuencias en esos casos”, añadió la secretaria de Justicia.
A preguntas de cómo van a investigar a miles y miles de funcionarios que pueden haber solicitado el PUA de manera ilegal, Carrau dijo que están trabajando para depurar el listado de empleados públicos.
A manera de ejemplo, dijo que en cuanto a la denuncia de que empleados de Justicia solicitaron el PUA ilegalmente, ellos confirmaron que ninguno de los nombres de personas que recibieron la ayuda está trabajando en el Departamento.
