El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González Mercado, junto a la representante Wanda del Valle, presentaron el martes un paquete de medidas que incluye el Proyecto de la Cámara 761 el cual aumenta a 50 años la pena de reclusión fija antes de ser considerado para Libertad Bajo Palabra a toda persona que incurra en el delito de asesinato bajo la modalidad de violencia de género.
“No cabe la menor duda que es imperativo que actuemos para contener la ola de violencia de género que arropa la Isla. La administración ha tomado acciones concretas para atajar este terrible mal social, ahora nosotros presentamos este paquete de medidas para que la Legislatura se una en esta lucha. Los proyectos que presentamos van dirigidos a atender ciertas áreas en específico. Por ejemplo, el Proyecto de la Cámara 749 crea una alianza, por ley, entre el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Administración de Tribunales con el objetivo de que interactúen para monitorear el cumplimiento cabal de las órdenes de protección. También facilitamos a la Procuraduría de la Mujer a cobrar un ‘fee’ mensual a toda persona bajo la orden en acuerdo con las agencias que proveen el servicio de monitoreo”, comentó González Mercado en comunicación escrita.
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La otra medida, el Proyecto de la Cámara 762 enmienda los artículos 2.2, 2.5, 2.6 y añade un nuevo Artículo, el 2.3 A, a la Ley 54-1989, mejor conocida como la ‘Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Domestica’ para proteger a la víctima expidiendo una orden de protección ex parte y automática y suspendiendo así las vistas finales de órdenes de protección mientras esté pendiente un caso penal entre las partes. Lo anterior, con la finalidad de evitar la revictimización por encuentros innecesarios entre las partes.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 750 busca maximizar el tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia relacionada a los participantes del programa de Servicios de Antelación al Juicio y a las violaciones de órdenes de protección.
Mientras que la tercera pieza legislativa, el Proyecto de la Cámara 749, crea una estructura nueva dentro de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para que sirva de apoyo al monitoreo de cumplimento de las ordenes de protección. Los servicios serían con cargo al peticionado y agresor.
“Además, el Proyecto de la Cámara 761 sube, de 35 a 50, la cantidad de años que tiene que pasar una persona convicta de asesinato de su pareja, antes de ser elegible para solicitar libertad bajo palabra. Esta medida es una que busca disuadir al agresor, dando el mensaje claro que no hay tolerancia alguna con este tipo de comportamiento”, sentenció el representante por el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo.
El legislador enfatizó la necesidad de mejorar el tiempo de respuesta ante una violación a los parámetros de una orden de protección.
“El Proyecto de la Cámara 750 establece un programa de intercambio de datos reales y actualizados entre el Servicios de Antelación al Juicio y el Sistema de Llamadas de Emergencia 9-1-1 para que se comparta información y así agilizar la intervención con violadores de órdenes de protección, recortando el tiempo de respuesta desde que se llama al 9-1-1 hasta que se activan las unidades de ley y orden. Si los operadores del 9-1-1 saben que una persona está bajo el sistema de monitoreo por violencia de género puede activar los protocolos más rápido”, destacó González Mercado.
Para culminar, el legislador solicitó al actual presidente de la Cámara Baja, darles prioridad a las medidas e iniciar, con carácter de urgencia, el proceso de vistas públicas.
