Los presidentes legislativos, José Luis Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández Montañez, reaccionaron este domingo, a la aprobación del contrato de privatización de la Alianza Público Privada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“La aprobación del nuevo modelo de generación de energía era anticipable. Los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico. La necesaria transformación de nuestro sistema eléctrico es un asunto prioritario que tiene que atenderse de forma responsable, organizada y seria. Ante esa realidad los presidentes de Cámara y Senado hicimos exigencias en el contrato que permitan lograr ese propósito. Así, establecimos que cualquier integración del sector privado en ese esfuerzo, tiene que cumplir, a nuestro juicio, con los siguientes requisitos: primero, asegurar la protección de los empleos y los derechos laborales de los trabajadores; segundo, que se asegure estabilidad del sistema y que se reduzcan los apagones; tercero, que se integren a los municipios en proyectos estratégicos; cuarto, que sea el sector privado el que asuma los costos que sean necesarios más allá de los fondos consignados por el gobierno federal; quinto, que se regule el proceso y se establezcan métricas estrictas de cumplimiento: y, sexto, que todo ahorro que genere esa transacción tiene que transferirse en reducciones de tarifas a todos los consumidores. Si el acuerdo anunciado garantiza esos principios, hemos dado un primer paso en la dirección correcta. No obstante, nosotros, desde la Asamblea Legislativa, velaremos por que se cumplan con esos objetivos”, dijo el presidente del Senado en declaraciones escritas.
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Por su parte, Hernández Montañez, expresó que “a pesar de que anteriormente el Gobernador vetó todas las medidas que mejoraban la política pública de las APP, en el día de hoy el Ejecutivo finalmente acogió por la vía administrativa e incluyó en el nuevo contrato de APP para la generación de energía los seis principios que intentamos establecer durante los pasados dos años mediante legislación”.
Los presidentes legislativos expresaron seis condiciones para que se aprobara el contrato:
- Que todo ahorro se refleje, en una reducción de la tarifa en las facturas de energía eléctrica.
- Ninguna alianza pública privada sobre la generación de energía eléctrica puede arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos.
- Ningún contrato podrá servir de pretexto para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora.
- Para ejecutar cualquier contrato o alianza, se le debe dar prioridad a la contratación de empresas y empleados locales como primera opción.
- La rendición de cuentas, el acceso a la información y métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizársele a la Asamblea Legislativa de manera transparente.
- La extensión y los acuerdos posteriores tienen que contar con la aprobación de los representantes del interés público, según lo requiere la Ley 120-2018.
Estamos optimistas en que próximamente se anunciarán nuevos puntos de encuentro. Nuestro compromiso es el mismo: nos mantendremos en la mesa de diálogo y negociación en representación del Pueblo”, concluyó el presidente de la Cámara de Representantes.
