Mientras se anticipa el cierre de más planteles escolares y los edificios abandonados por cierres previos se multiplican, el Departamento de Educación gasta más de $6 millones mensuales en el alquiler de oficinas y facilidades en toda la Isla.
Un reportaje presentado este martes en Rayos X muestra cómo hay más de 60 edificios públicos abandonados, incluyendo escuelas, mientras el gobierno sigue pagando millones de dólares en alquileres privados.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
SUSCRÍBETE Las estructuras, que pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos y que están ubicadas en zonas céntricas, no solo están sin generar ingresos, sino que requieren mantenimiento constante para evitar su deterioro. Se estima que el costo por pie cuadrado en edificios públicos con mantenimiento adecuado es significativamente más bajo que en propiedades privadas
La situación contrasta con el estado de cientos de estructuras públicas que permanecen sin uso, muchas de ellas en ubicaciones estratégicas y con el potencial de ser reutilizadas para reducir gastos operacionales.
La Ley 235, conocida como la Ley para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue aprobada hace más de una década para priorizar el uso de propiedades públicas existentes antes de alquilar o adquirir inmuebles privados.
Entre los ejemplos más notables de esta crisis de manejo de propiedades, el reportaje destacó el Centro de Gobierno de Ponce, que albergaba oficinas de diversas agencias para servir al área sur, pero ahora permanece clausurado, afectando la prestación de servicios públicos a miles de residentes. Aunque se han identificado $1.2 millones para trabajos de mitigación de plomo y asbesto en esta estructura, el inicio real de las reparaciones sigue siendo incierto.
Centro de Gobierno de Ponce
Además de Ponce, otros 15 centros de gobierno administrados por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) en diferentes puntos de la isla permanecen cerrados. Un ejemplo es el centro gubernamental de Isabela, un edificio de tres pisos que solo es parcialmente utilizado por el Departamento de la Familia. Si estuviera en condiciones adecuadas, podría albergar múltiples agencias, evitando así costosos arrendamientos externos. Centros judiciales como el de Cayey, que fueron cerrados hace casi una década como parte de medidas de eficiencia fiscal, también siguen en desuso.
La Junta de Control Fiscal ha señalado que la falta de progreso en la rehabilitación de estas estructuras no se debe a la ausencia de fondos, sino a una gestión deficiente y pobre ejecución de proyectos. La Junta ha exigido un plan claro para priorizar la reparación de estaciones de policía y escuelas, y ha subrayado la necesidad de una coordinación más efectiva entre la AEP y otras agencias para optimizar el uso de estos espacios.
Aunque la AEP no recibe fondos directos del Fondo General y depende principalmente de los ingresos generados por las rentas, enfrenta un grave problema: las más de 40 estructuras cerradas o abandonadas forman parte de un inventario de casi 700 propiedades, muchas de las cuales están en condiciones críticas. Esto impacta directamente su capacidad para generar ingresos, mientras las agencias continúan pagando alquileres privados que podrían evitarse.
Una investigación previa de Rayos X destapó que el Gobierno de Puerto Rico paga renta en más de 500 propiedades privadas para albergar agencias públicas, a pesar de que existen cientos de edificios públicos vacíos que podrían ser rehabilitados para este propósito.
Estas son las agencias que más pagan renta a entidades privadas para albergar sus oficinas:
