La procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, notificó este jueves a la compañía que contrató a Anthony Salvá Rivera, asesino confeso de Jennifer Maldonado Padua, que estará iniciando una investigación para determinar si hubo negligencia en el proceso.
Salvá Rivera laboraba como guardia de seguridad en Bridge Security Services
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
“A todas luces, hubo negligencia en la contratación de una persona con un amplio expediente criminal. Para esto, enviamos un requerimiento de información, porque es importante determinar bajo qué circunstancias este hombre fue contratado”, explicó Boria Vizcarrondo en declaraciones escritas.
La procuradora añadió que “estamos hablando de la vida de una mujer que pudo ser salvada. Una mujer que llegaba a su lugar de trabajo, esperando que fuera uno seguro, pero lamentablemente la expusieron a peligro y tristemente perdió la vida. Le pusieron al lado a una persona con récord por escalamiento, sodomía, violación y exposiciones deshonestas. Nos resta velar por los empleados que siguen vivos, y pudieran estar expuestos al mismo peligro por un patrono negligente”.
En tanto, y a raíz de la información que se ha difundido a través de los medios de comunicación, personal de OPM obtuvo detalles acerca de una investigación en curso en la que empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se querellaron en contra de la empresa por asuntos contractuales.
Se informó además que “encontramos en nuestros expedientes una querella por hostigamiento contra este patrono. Este caso, presentado ante OPM se encuentra bajo investigación y ciertamente llegaremos hasta las últimas consecuencias con el único objetivo de proteger a la víctima”, expuso la procuradora.
El requerimiento de información cursado a la empresa por OPM busca investigar las circunstancias de la contratación de una persona que prestaba servicios de seguridad, a pesar de tener amplio expediente criminal, así como conocer los protocolos que tiene la empresa, documentos entregados por el imputado, resultados de la investigación realizada entre vecinos y familiares, entre otros.
En el caso de haber sido contratado por servicios profesionales, se debe entregar a OPM una copia certificada del contrato, listado de documentos requeridos, documentos entregados por el contratista, copia certificada de facturas y copia certificada de informes de trabajo.
Se informó que, al concluir la investigación, la OPM tiene la facultad para imponer multas, hasta revocar la licencia de operaciones de la empresa, según detalla el Art. 17c de la Ley 108-1965 que establece que “constituirá motivo para revocar una licencia que el tenedor de una licencia de detective privado o algún miembro o empleado de una Agencia fuere convicto por cualquiera de los delitos mencionados en el inciso (c) del Artículo 4”.
