Puerto Rico

Proponen ocho años de cárcel por falsificar un certificado de vacunas

Se trata del Proyecto de la Cámara 963, que enmienda varios artículos del Código Penal para establecer esta nueva penalidad.

El representante Juan Oscar Morales presentó este miércoles una medida legislativa para sancionar con una pena fija de ocho años de cárcel a cualquier persona que se preste para falsificar un certificado de vacunas, sea en modalidad impresa o en digital.

Se trata del Proyecto de la Cámara 963, que enmienda varios artículos del Código Penal para establecer esta nueva penalidad.

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"Nos ponen en peligro a todos"

“He radicado este proyecto de ley con la esperanza de que sirva como disuasivo para este delito. Ya hemos visto en la prensa casos que se están atendiendo en los tribunales y nos parece que la pena actual, de sólo 3 años de cárcel, o diez mil dólares de multa es muy baja. Esta conducta no se puede permitir, pues es poner en peligro la sociedad entera. La persona que se atreve a falsificar un certificado de vacunas está jugando una “ruleta rusa social” muy peligrosa”, destacó el pasado presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

En términos técnicos, la medida enmienda los actuales artículos 215, 216 y 217 de la Ley 146-2012, conocida como Código Penal, para que se imponga una pena mayor por esta falsificación específicamente.

 “Incluso si se tratara de un servidor público, de un empleado de gobierno, la pena va a ser de ocho años. Estamos tratando de cerrar el círculo a estas fechorías. Se han perdido ya más de dos mil puertorriqueños en la batalla contra el Covid-19. No queremos que se pierda ni uno más. Si una persona no quiere vacunarse, aún sin una razón válida, eso yo lo respeto. Lo que no podemos tolerar es gente que, por querer comportarse como si estuvieran vacunados, estén dispuestos a recurrir al engaño y a la mentira. Nos parece que esta conducta es como quien guía borracho: sale a exponer a toda la sociedad las consecuencias de su insensatez y falta de temperamento. Eso no lo debemos, ni podemos permitir”, añadió dijo el legislador del Precinto 3 de San Juan.

Si este delito fuera cometido por una persona jurídica, como una corporación o una empresa de servicios de salud, la pena será de unos cincuenta mil dólares por cada evento de falsificación que se probara en el tribunal.

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