Luma Energy

¿Quién estaría a cargo del sistema eléctrico si se cancela el contrato de LUMA?

Según el representante Luis Raúl Torres, el contrato del consorcio podría dejarse vencer el próximo 30 de noviembre y el gobierno tendría que pagar un cargo de transición que ronda en los $28 millones.

Luma Energy.
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El representante independiente, Luis Raúl Torres, indicó este martes que de cancelarse el contrato del consorcio LUMA Energy, sería la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) junto a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) quienes estarían a cargo del sistema eléctrico del país hasta que se establezca un sistema permanente.

Las tres opciones que tendría el gobierno sería:

  • Una nueva alianza público-privada
  • Un sistema híbrido
  • Que permanezca con la AEE

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El director reconoció que no cuenta con suficiente personal para fiscalizar el contrato del consorcio.

Torres añadió que el contrato del consorcio podría dejarse vencer el próximo 30 de noviembre y el gobierno tendría que pagar un cargo de transición que ronda en los $28 millones.

"Si al 30 de noviembre, el gobernador claramente dice que no lo va a renovar, no hay que pagar ninguna penalidad que no sea un cargo de transición. Tendrían que pagarle a LUMA porque LUMA se quedaría a cargo del sistema en lo que hace toda la transición de los activos que tiene a cargo a Energía Eléctrica", explicó el representante en Día a Día, por Telemundo.

El director de la AAPP dice que el consorcio ha cumplido más con las métricas que la AEE.

EL CONTRATO PODRÍA DISOLVERSE

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), licenciado Fermín Fontanés Gómez dijo el lunes en vistas públicas que si el noviembre 30 no se ha completado el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el contrato de LUMA Energy puede disolverse por incumplimiento de contrato del gobierno.

Añadió que “se disuelve porque el gobierno de Puerto Rico en noviembre 30 entra en incumplimiento (porque no se ha resuelto el problema de la quiebra)”. Explicó que el gobierno de Puerto Rico, según el contrato pagaría un “termination fee”.

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