Carmen Yulín Cruz

“Quiquito” Meléndez refiere a las autoridades supuesto esquema de “pay for play” en el municipio de San Juan

Por alegados contratos millonarios entre la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y una empresa privada.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez y la candidata al Senado por San Juan, Nitza Moran, revelaron este jueves un supuesto esquema de desvío de dinero para campañas políticas a través de contratos por más de $12 millones.

Los alegados contratos fueron otorgados por servicios profesionales entre el municipio de San Juan, bajo el mandato de Carmen Yulín Cruz, y la empresa “GeodataPR International, Inc.” entre los años 2014 y 2020. “GeodataPR International Inc.” es una empresa tecnológica creada en el 2011, presidida por Janet Martínez Ortiz y Fermín Fracinetti Rivas.

 “La empresa GeodataPR International, Inc. a través de sus directivos, han otorgado sobre $30,000 en donaciones a las campañas políticas de Carmen Yulín Cruz y Rossana López”, dijo Meléndez en comunicación escrita.

Añadió que, “por los pasados 6 años, Carmen Yulín desmanteló el sistema de facturación, reconciliación y cobro por servicios médicos del Municipio de San Juan, el cual era supervisado por empleados municipales, y lo privatizó otorgándole un contrato de millonario a la empresa GeodataPR International Inc.” 

Por su parte, Nitza Moran explicó que “los donativos políticos por decenas de miles de dólares a Rossana López y Carmen Yulín se dan mientras la empresa GeodataPR tiene contratos millonarios con el Municipio de San Juan. De hecho, en este año electoral 2020, se cuadriplicaron los contratos a esta empresa con un contrato de 4.2 millones de dólares”.

Meléndez, solicitó a las autoridades a investigar a fondo la información y los donativos otorgados, en lo que calificó como un esquema de ‘pay for play’ para mantener los contratos hasta el 2021 en caso de que la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, Rossana López resultara electa. Meléndez y Morán refirieron el asunto al Departamento de Justicia de Puerto Rico, al Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y al Contralor Electoral para evaluación inmediata e investigación. Además, urgieron a utilizar esa millonaria cifra en beneficio de los sanjuaneros.

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