Como medida para ayudar a los empleados afectados por el cierre del Gobierno Federal, el Portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, radicó este miércoles una resolución conjunta para que la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico provea combustible a crédito a los cerca de 10 mil empleados afectados.
Rodríguez Aguiló explicó que una cantidad considerable de empleados federales destacados en la isla trabajan directamente en el área de seguridad - en puertos, aeropuertos (TSA), las costas (Coast Guard), otros laboran en la reconstrucción post huracán María. “Esta medida proveerá un alivio temporero para estos empleados esenciales. Una vez se normalicen las operaciones, la Administración de Servicios Generales procederá a establecer un mecanismo de cobro razonable y certero por el combustible”, indicó.
La Administración de Servicios Generales es el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública relacionada con las compras de bienes y servicios no profesionales para el Gobierno, municipios y corporaciones. La ASG tiene tiene la facultad en Ley de proveer servicio de combustible, entre otros, a aquellos organismos gubernamentales que lo soliciten y tiene la facultad de imponer el cobro de una tarifa justa y razonable mediante reglamentación por los servicios que se brinden a personas privadas, naturales o jurídicas.
“Nuestra intervención para palear la situación de estos servidores públicos debe ser puntual y esta resolución es un paso en esa dirección. Nos corresponde tomar otras iniciativas que aminoren el impacto severo que el cierre del Gobierno Federal ha tenido en los empleados federales que laboran en nuestra Isla”, agregó el Portavoz Cameral.
El cierre federal inició el pasado 28 de diciembre de 2018. Se estima que unos 800 mil funcionarios han sido afectados por la falta de presupuesto. Unos 420 mil deberán trabajar temporalmente sin paga, como son los funcionarios que laboran en el area de seguridad, mientras que 380 mil deberán permanecer en sus hogares hasta que la controversia sobre el presupuesto sea atendida.
