La senadora Ana Irma Rivera Lassén y el senador Rafael Bernabe Riefkohl del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) radicaron el Proyecto 941 para crear la Ley de Cubiertas de Seguros Médicos para Tratamientos de Infertilidad y Preservación de Fertilidad, la cual busca reducir las disparidades económicas y raciales que existen en el acceso a estos servicios médicos mediante una ampliación de la cubierta ginecológica y urológica, existentes ya en los planes médicos.
"Cuando hablamos de infertilidad en Puerto Rico hay consideraciones económicas, raciales y de género que influyen y hacen que los tratamientos para tratarla sean sumamente inaccesibles. Esto ocurre a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva reconocen desde hace años la infertilidad como una enfermedad. Los tratamientos son muy costosos; predominan las estadísticas sobre infertilidad en las mujeres blancas, mientras que los datos sobre mujeres negras o hispanas son escasos; y hay una falsa impresión de que solo las mujeres la sufren, a pesar de que es igual de probable que los hombres la padezcan", expresó la portavoz del MVC.
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Asimismo, la medida pretende establecer una política pública clara y contundente a favor del derecho de toda persona a recurrir a un tratamiento para su infertilidad, tanto mujeres como hombres, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. De igual forma, las personas con condiciones que requieren tratamientos que afectan negativamente su fertilidad merecen tener acceso a las herramientas que les brinden la oportunidad de tener hijos e hijas en el futuro, si así lo desean. Por eso el proyecto también incluye los tratamientos para preservación de fertilidad.
Además, dicta la pieza legislativa que "facilitar el acceso a los tratamientos de la infertilidad tiene consecuencias para la salud pública que van más allá de la mera posibilidad de llevar un embarazo a término", esto por el impacto que tendría en el problema de baja de natalidad que atraviesa el país.
" Resulta contradictorio crear alarma ante este problema, mientras el acceso a alternativas disponibles para una persona que necesita o desea concebir mediante procedimientos de reproducción asistida dependan directamente de su capacidad económica”, añadió la senadora.
