El representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres insistió el lunes en que el aumento al costo de la electricidad contemplado en el Acuerdo Definitivo de Reestructuración (RSA en inglés), es perjudicial para todos los sectores involucrados.
“Ese acuerdo es perjudicial para el consumidor, debido a que empieza como un aumento de un centavos, un ‘settlement charge’, en lo que se confecciona el cargo de transición, que inmediatamente se implementaría en 4.3 centavos y luego con otros cargos incluidos en el plan fiscal de la AEE, sube para el 2024 a 9.75 centavos”, alegó Torres en entrevista radial (NotiUno).
Sostuvo que el economista Ramón Cao, junto a otros economistas han hecho un sinnúmero de estudios que demuestran que con este aumento se perderían alrededor de 170 mil empleos, la inflación se triplicaría y el Producto Nacional Bruto (PNB) se reduciría en un 22 por ciento.
“Es malo para el consumidor porque sube el costo de energía; es malo para la economía y es malo también para la AEE”, advirtió.
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Torres detalló que los informes financieros de la AEE indican que la deuda de la corporación es de 17 mil millones de dólares de los que cerca de 4.7 millones de dólares son por cargo de pensión; 4 mil millones son por responsabilidades actuales y el resto es la cantidad que se litiga en el Tribunal de Quiebras.
“Con el recorte que representaría 2 mil millones de dólares que se haría en este acuerdo, sería muy poco para restaurar la solvencia de la AEE, dado que su diferencia entre activos y pasivos es negativo 6 mil millones de dólares, casi 7 mil millones. El recorte que se propone en el acuerdo es muy leve y no arregla los problemas de la AEE”, dijo Torres.
“Tenemos un acuerdo que no arregla los problemas de la AEE, que va a tener unos efectos nefastos en la economía y es terrible para el consumidor. Entonces ¿por qué firmarlo?”, cuestionó.
Según explicó, el acuerdo debe ser validado por la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain. La vista estaba pautada para marzo pero se pospuso sin saberse aún la fecha futura.
“El acuerdo tiene un aumento tarifario de 4.3 centavos y eso no lo despinta nadie… El mismo acuerdo establece que se tienen que enmendar cerca de 17 leyes para que el acuerdo debido a que la entidad que emitiría esa nueva deuda estaría exenta de todo el marco legal y regulatorio de Puerto Rico y se necesita una ley especial para implantar el acuerdo. Si la Legislatura no da paso a ese acuerdo, hay que tener otro acuerdo que sea má razonable”, finalizó.
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