Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández, Luis Raúl Torres, Lydia Méndez Silva y Jesús Santa Rodríguez solicitaron el domingo que se devuelva para enmendar la Resolución Conjunta del Senado 493, luego de que la Junta de Control Fiscal solicitara a la gobernadora que no la firmara.
La misma tiene que ver con el paquete de ayudas económicas provenientes del Fondo de Emergencias por la emergencia del COVID19 corononavirus.
“El pasado 6 de abril, la Junta de Control Fiscal envió una carta a la Gobernadora, Wanda Vázquez, solicitándole que no firme la Resolución Conjunta del Senado 493 (RCS-493) por sus deficiencias. Verdaderamente, la medida es deficiente al no cumplir con los parámetros básicos de una resolución conjunta para la asignación de fondos, y a su vez incierta al excluir la totalidad a asignarse por cada incentivo”, sostuvo el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.
“Básicamente la Junta de Control Fiscal advirtió al Gobierno que la RCS-493 es inconsistente con el Paquete de Medidas en Apoyo ante la a Emergencia debido a que ya se aprobó la Resolución Conjunta 23 – 2020 lo cual representa una duplicidad a las medidas ya tomadas por la Gobernadora”, sostuvo Hernández Montañez quien además añadió que "sería un engaño a todos los trabajadores que están en la línea de fuego defendiéndonos contra el coronavirus el que la legislatura despache el asunto en un futuro echándole la culpa a la Junta”.
Del mismo modo, el representante Luis Raúl Torres denunció “la práctica irresponsable de ofrecer incentivos sin haber sido legislados”.
“Las medidas legislativas que aprobó la Asamblea Legislativa están plagadas de errores y han sido tan insensibles que han excluido a trabajadores del sector de la enfermería y a empleados de servicios esenciales. El Senado aprobó y la Cámara avalará el lunes la eliminación del bono de $3,500 a enfermeras que trabajan por servicios profesionales y el bono de $4,000 a las enfermeras del sector de salud correccional. Además, dejan fuera a los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante, conocidos como Trabajadores 1 (T-1) y a las enfermeras escolares, los asistentes de farmacia, empleados de desperdicios públicos, empleados que manejan desperdicios biomédicos y brigadas que están trabajando de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora pretenden jugar a la ruleta rusa, responsabilizando a la Junta de Supervisión Fiscal, cuando la Gobernadora y el Liderato de la Mayoría del PNP en la Asamblea Legislativa le informaron al País que tenía la aprobación de la Junta. Esto es otra crasa irresponsabilidad e improvisación del desastre administrativo y legislativo del Gobierno de turno”, afirmó Torres Cruz.
Puerto Rico
Por su parte, la representante Lydia Méndez Silva levantó serias preocupaciones con el efecto que tendrá esta crisis de salud en la economía del país, y más aún cuando se legisla de manera inapropiada. “Si nuestro pueblo se enferma y pierde su vitalidad por la falta de acceso a los servicios esenciales básicos en esta pandemia, no habrá Legislatura, ni Gobierno ni será necesaria la Junta de Supervisión Fiscal; porque no habrá un Puerto Rico saludable que pueda producir y ser económicamente viable”, advirtió.
Mientras, el representante Jesús Santa Rodríguez resaltó que el proyecto no es viable y cuestionó el modo de trabajo de la legislatura del PNP. “El no identificar la procedencia de los fondos necesarios para costear estas propuestas, y la consistente falta de datos y proyecciones para estimar el impacto económico al Gobierno Central y a los Gobiernos Municipales, hacen que este proyecto uno inoperante. Este es otro ejemplo más de la improvisación y politización del trabajo legislativo de la mayoría del PNP”, sentenció.
A esos efectos los legisladores del PPD propusieron:
- Solicitar la devolución de la medida enviada a la Gobernadora.
- Solicitar certificación de los fondos disponibles estatales.
- Enmendar la medida identificando la procedencia y disponibilidad de los fondos.
- Coordinar sesión con la participación de todos para darle legitimidad al proceso.
- Repetir los mismos pasos con las siguientes medidas que del mismo modo reasignan del Fondo de Emergencia:
– RCS 502 ordena al Departamento de Salud a transferir la cantidad de $7,550,000 a los municipios para la operación y los gastos de funcionamientos de las Salas de Emergencias de Centros de Diagnóstico y Tratamiento.
– RCS 507 ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a otorgar incentivos económicos, sin límites establecidos ni cuantía total, a todos los centros de atención médica privados, tales como hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento y Centros de Salud Familiar a los fines de apoyar a la industria privada de servicios de salud de Puerto Rico ante la emergencia de salud pública que supone el COVID-19.
– PC 2464 establece la “Ley para Autorizar el Financiamiento y Uso de Fondos para Servicios de Emergencia relacionados con la Respuesta, Recuperación y Reconstrucción producto de Eventos Catastróficos, el Huracán María y el Terremoto del Sur Oeste de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19”.
– PC 2468 establece la “Ley Complementaria para Atender los Efectos de la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”; enmendando el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.
“Hay que tirar la línea e identificar los fondos disponibles para defender los servicios esenciales en los tribunales de ser necesario”, concluyeron los representantes populares.
