Los alguaciles del Poder Judicial se manifestaron este miércoles con una ausencia masiva del 80%, como reclamo ante el rezago salarial que experimentan y para exigir mejores condiciones laborales.
En respuesta a esta situación, el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, indicó que los tribunales y demás dependencias del Poder Judicial se encuentran en operación en horario regular pese al ausentismo por parte del personal de apoyo a la función judicial en los tribunales.
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Según explicó Steidel Figueroa, los casos y asuntos en los Tribunales de Primera Instancia alrededor de la isla continúan atendiéndose según pautados o tras ajustes implementados. Esto incluye los asuntos calendarizados presencialmente y los que se atienden de forma remota. De igual forma, se está atendiendo público en las Salas de Investigaciones, así como en las Secretarías y demás áreas de los centros judiciales.
“En el Poder Judicial estamos conscientes y apoyamos los reclamos de nuestro personal para que se atienda el rezago salarial que experimentan. Por ello, según ha expresado la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, reiteramos nuestro llamado a la Junta de Control Fiscal, al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que se le asignen al Poder Judicial los recursos necesarios para atender los reclamos que hemos formulado”, expresó el director administrativo en declaraciones escritas.
Tras la insistencia del Poder Judicial, la Junta de Control Fiscal asignó cerca de 11 millones de dólares que, a corto plazo, permitirán conceder un aumento salarial inicial de 200 dólares mensuales para los funcionarios judiciales, excepto por los jueces, que entrará en vigor ahora en julio. Igualmente, está en marcha la revisión del Plan de Retribución del Poder Judicial cuya implementación se quiere viabilizar durante el próximo año fiscal.
Steidel Figueroa añadió que “continuaremos haciendo los reclamos correspondientes para lograr la justicia salarial para nuestro personal. Ahora bien, toda gestión dirigida a obtener un mejor salario debe ser compatible con el cumplimiento de las responsabilidades que como servidores públicos asumimos voluntariamente. No podemos permitir que se afecten los servicios a la ciudadanía”.
