Organizaciones del sector privado apoyaron este martes, la directriz de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la carta emitida sobre la Ley 41-2022 de Reforma Laboral y solicitaron al gobernador que cumpla con la petición de suspender la entrada en vigor de la ley para evitar la confusión entre los empleadores.
Representantes de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), Centro Unido de Detallistas (CUD), Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) coincidieron en comunicación escrita en que “el proceso de aprobación de la ley no contó con análisis de impacto económico alguno”.
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La citada misiva enviada por la JCF requirió al gobierno que “inmediatamente suspenda la implementación de la ley” y que emita “una declaración pública confirmando tal suspensión para evitar la confusión en los empleadores privados que se preparan para la implementación de la ley”.
Los profesionales explicaron que en Puerto Rico no existe un problema de falta de beneficios aún después de la Ley Número 4 de 2017, lo que hace innecesario reversarla. Resaltaron la contradicción de que, aun cuando la Isla cuenta con mucha más legislación laboral que ningún estado de los Estados Unidos, los sueldos son mucho más bajos, tenemos una menor tasa de participación y mayor desempleo.
Las organizaciones coincidieron en su deseo de “que los empleados en la Isla gocen de los mayores beneficios y salarios posibles, pero indicaron que esto lo debe determinar el mercado y las capacidades de cada empresa”.
Los empresarios reafirmaron su preocupación ante el costo de hacer negocios en Puerto Rico, que “actualmente enfrenta una inflación sin precedentes, por lo que exhortaron al gobernador a seguir la directriz de la JCF al respecto, por el bien del país”.
Gobernador dice que lo mantendrá vigente
El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó a las objeciones de la Junta y aseguró que mantendrá la ley en vigor.
“El gobierno le suplirá a la Junta toda la información solicitada, pero mantendrá la Ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley PROMESA no faculta a la Junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma. De ocurrir eso, el gobierno defenderá las enmiendas a la Reforma Laboral ante el Tribunal. Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.
