El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció que espera aprobar el lunes una medida que radicó este mismo día, para que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes para encontrar culpables a los acusados.
El Proyecto del Senado 1590 responde a las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico en torno a los juicios por jurado.
La medida establece que para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.
“¿A cuánta gente queremos tener condenados con un juicio que no se llevó conforme a la ley y al derecho? Yo no quiero tener a ninguno. La pregunta en un País donde la democracia debe regir es ¿queremos tener a alguien condenado en un proceso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico han dicho que no es conforme a la Constitución? Yo no quiero tener a nadie”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa.
Informó que las estadísticas que tiene del número de casos de juicio por jurado con una condena son de un estimado de entre un cuatro a un cinco por ciento, aunque solicitó los números oficiales.
“Alguna gente dirá que estamos sacando criminales a la calle. Nosotros no estamos sacando criminales a la calle, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una sola regla para todos los ciudadanos irrespectivamente de si son carismáticos o no son carismáticos y de si nos parecen buenas personas o no nos parecen buenas personas. Después de todo nuestra aspiración debe ser que ninguna persona esté cumpliendo” añadió el presidente senatorial cuya pieza legislativa fue elaborada con la recomendación directa de reconocidos abogados de defensa y constitucionalistas”, sostuvo.
La pieza legislativa permitirá- de ser aprobada- que cualquier persona que cumple pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar moción para que se celebre un nuevo juicio conforme a las determinaciones del máximo foro judicial estadounidense en el caso Ramos versus Louisiana y la interpretación del Tribunal Supremo local de que dicho caso, a través del caso Pueblo versus Torres Rivera, es de aplicación a la Isla.
Cuestionado sobre si esta medida aplicaría de forma retroactiva, Rivera Schatz contestó que su medida no entra en ese detalle.
Sin embargo, el licenciado Harry Padilla- quien tiene pendiente un caso de nuevo juicio por el asesinato de Carmen Paredes, por el cual cumple sentencia su entonces esposo Pablo Casellas- expresó que la solicitud a la Asamblea Legislativa es que la aplicación sea de manera retroactiva.
“Si está cumpliendo pena de cárcel o si está bajo determinadas condiciones que señala el proyecto. Es beneficioso para la justicia de este país que eso tenga efecto retroactivo. Creemos que desde el punto de vista de política pública no le debemos negar a nadie que esté cumpliendo una pena que ha sido encontrado culpable con una votación por ejemplo de 9 a 3 que se le prohíba el derecho de tener un nuevo juicio”, explicó el licenciado Padilla.
Rivera Schatz convocó a un grupo de abogados que se especializan en derecho criminal, la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el procurador general Isaías Sánchez, la jefa de Fiscales Arlene Gardón. El proposito era presentar legislación que fuera acorde con las decisiones de ambos tribunales.
Entre otros abogados, participaron: Félix Vélez Alejandro, director de la Sociedad para la Asistencia Legal, Julio Fontanet Maldonado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, los profesores Carlos Ramos y Andrés Córdova, así como los abogados criminalistas Roberto Alonso, José Andreu Fuentes, Leonardo Aldridge, Pablo Colón, Edgar Vega Pabón, Rubén Falú, Gerardo Cruz , Antonio Sagardía y Harry Padilla.
