El Senado tiene bajo su consideración este jueves, el PS 274, medida que busca crear un rango de prioridades al destinar un nuevo uso para un plantel cerrado y prevenir el deterioro de las escuelas clausuradas.
En la exposición de motivos de la medida se indica que únicamente el 25% de las escuelas cerradas durante la pasada década tienen un nuevo uso y el 41% han sufrido algún grado de dilapidación, robo, daño, contaminación o problema sanitario y de seguridad.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Lee también: DRNA firma orden administrativa para la protección de los corales en Puerto Rico
El Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. (CRH), organización sin fines de lucro dedicada a promover la conversión de propiedades vacantes y abandonadas en activos para el desarrollo comunitario de Puerto Rico, reclamó la necesidad de aprobar la medida para evitar mayor deterioro de estos planteles.
El proyecto busca facilitar el proceso de identificación y autorización de nuevos usos, al crear mecanismos de participación de la comunidad escolar y reconocer el valor socio-económico de los planteles. También, el P. del S. 274, de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, propone una lista de prioridades al momento de programar un nuevo uso para una escuela, con sensibilidad hacia la comunidad y sin cerrar la puerta a iniciativas que podrían generar ingresos significativos para la comunidad o el Estado.
Puerto Rico
Actualmente, propuestas para la compra o alquiler de planteles escolares son revisadas por un comité de varias agencias estatales, con énfasis en su venta y sin participación de la comunidad escolar.
Mientras, el manejo y disposición de las escuelas públicas cerradas se rige por la ley fiscal, Ley Núm. 26-2017, la cual está diseñada para la venta y alquiler de los planteles escolares sin priorizar las necesidades de interés público. Originalmente, el Gobierno de Puerto Rico justificó el cierre de las escuelas por los supuestos ahorros y necesidad de traer nuevos recursos al erario público.
“La gran mayoría de los planteles escolares en años recientes permanecen en desuso o abandonados”, indicó Michelle Alvarado Lebrón, abogada comunitaria y ambiental del CRH. “Muchos muestran un estado de deterioro avanzado, lo cual representa riesgos a la salud, seguridad y medioambiente de las comunidades más vulnerables”.
Una investigación publicada en el 2020 por el CRH y la Universidad de Berkeley, titulada “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”, demostró que entre el periodo de 2014 al 2019 únicamente se vendieron 10 planteles por un total de $4.1 millones y se arrendaron 113 de un total de 673 escuelas cerradas. “Si algo evidencia estos números es que, la liquidación de estos activos por parte del gobierno no representa ingresos significativo”, añadió Luis Gallardo Rivera, Director Ejecutivo del CRH.
“Incluso, se puede argumentar que el cierre de escuelas ha generado grandes costos para las comunidades aledañas y también, para los municipios que mantienen a su propio costo los planteles y la pérdida de propiedad pública por deterioro, vandalismo y abandono”, concluyó Gallardo Rivera.
