El presidente de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo dijo- previo a su reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced- que espera que la primera ejecutiva anule el contrato con el consorcio LUMA.
“Ese contrato viola todas las disposiciones constitucionales y legales y es un mal negocio para el país. Esperamos que tenga la humildad de reflexionar y eliminar un contrato como este que va en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico y sobre todo de los trabajadores”, dijo Figueroa Jaramillo a su llegada a La Fortaleza.
Figueroa Jaramillo llegó acompañado de parte de los integrantes de la Alianza de empleados activos y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
El grupo le presentará un análisis realizado por el licenciado Rolando Emmanuelli que concluye que el contrato es nulo.
Emmanuelli Jiménez estableció que dicho contrato se sometió al Negociado de Energía bajo “una limitación de poderes” y no se le notificó al público, ni a la prensa.
“Nos enteramos que hubo una conferencia técnica donde se discutió el contrato y luego, se le dio carácter de confidencialidad”, dijo el abogado.
“Si nos hubieran dejado participar, de entrada hubiéramos dicho, verdad, al recibir ese contrato que no cumple con la Ley 120 en término de los derechos laborales de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica porque hay una contradicción en lo que dice la Ley 120 y lo que dice el contrato”, añadió.
El licenciado Emmanuelli Jiménez, es representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Explicó que sometió una moción el jueves ante el Negociado de Energía de Puerto Rico para que se le entregue información relacionada al contrato y que fue clasificada como confidencial.
“Con toda una serie de planteamientos de derecho constitucional. ¿Esa ley tiene un interés apremiante que la apoye? ¿Estas circunstancias son las que se reconocen generalmente como que son confidenciales? Pues, si no, la legislatura se excedió en restringir la información y un tribunal puede declarar que en la ley ese aspecto de la confidencialidad es inconstitucional”, dijo.
Emmanuelli Jiménez mencionó que en este caso, cuando a Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), acudieron al Negociado de Energía a radicar, el proceso de licitación había acabado.
“Ya no hay competidores, ya se seleccionó a uno solo. Y en ese sentido, ya no hay un interés apremiante”, sentenció al tiempo que recordó que se le negó a la UTIER participar de ese proceso.
Otro aspecto que Emmanuelli Jiménez expuso como uno extraño, fue la participación directa del presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, participó directamente en el Comité que escogió a LUMA Energy.
“Hay un principio de derecho que es bien básico, y es que, un juzgador tiene que mantener su imparcialidad, pero no solamente su imparcialidad, sino la apariencia de parcialidad”, acotó.
“Una de las violaciones más serias al debido proceso de ley es cuando estás ante un trámite judicial o administrativo donde no hay imparcialidad. Y se ha resuelto que el contacto previo con la prueba es un elemento que obliga a la inhibición de un juez u oficial examinador o permite que las partes lo recusen”, añadió el abogado, experto en la ley de Quiebras.
Explicó que la UTIER recusará la participación de Avilés y buscará que se anule la aprobación del certificado que se le otorgó a LUMA Energy.
“Hay cuatro comisionados (del Negociado de Energía), uno votó en contra e hizo una opinión disidente muy buena y muy detallada sobre lo que se supone que el Negociado hubiera hecho y no hizo. Entonces, había tres votos, Uno de ellos de Edison Avilés y al no estar Edison Avilés solo quedan dos votos a favor. ¿Y qué dice la ley del negociado? Dice que las decisiones se toman por la mayoría de los comisionados. Por tanto, si hay cuatro comisionados, dos comisionados no dan para tomar una decisión y en ese sentido, esa decisión es nula”, explicó Emmanuelli Jiménez.
“Al ser nula, ese certificado no es válido y por ende, el contrato no fue aprobado por el Negociado de Energía que es uno de los requisitos esenciales de la Ley 120”, añadió.
Ante la aprobación por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), la Autoridad de Energía Eléctrica mantendrá la generación de energía y la transmisión, distribución de servicio al cliente, estará a cargo de la empresa LUMA.
LUMA Energy es una empresa compuesta por el consorcio de Quanta Services, ATCO e IEM.
La Autoridad para las Alianzas Público Privadas escogió a esta empresa para manejar, operar, reparar y restaurar la red eléctrica de la AEE por un espacio de 15 años. Se supo que los activos serán del gobierno.
El contrato, por unos 70 millones de dólares en el primer año, hasta 125 millones de dólares para el tercer año, que incluyen 25 millones de dólares en bonificaciones, incluirá la facturación y servicio al cliente del sistema.
Los empleados de la AEE podrán pasar a trabajar bajo LUMA Energy sin perder sus derechos adquiridos bajo convenio colectivo. Este proceso será el inicio, previo a buscar fuerza laboral en el exterior, se supo.
