Puerto Rico

De las trullas a las oficinas del FBI: Ángel Pérez no podrá pisar la alcaldía

La vicealcaldesa de Guaynabo ofreció una conferencia de prensa en la que detalló las medidas que toman en el municipio.

Vicealcaldesa de Guaynabo, Luisa Colom.
Telenoticias

La vicealcaldesa de Guaynabo, Luisa Colom García, aseguró este jueves que tomó todas las medidas para cumplir con la Resolución y Orden del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), que incluye la suspensión sumaria del alcalde Ángel Pérez Otero.

Colom García habló por última vez con Pérez Otero en la noche del miércoles, cuando compartieron en las trullas navideñas del Municipio. Las parrandas ocurrieron solo horas antes de que fuese arrestado por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) en su residencia.

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“En mi tendrán toda la colaboración para que puedan llevar a cabo sus investigaciones”, dijo a las agencias pertinentes durante una conferencia de prensa.

La alcaldesa interina aseguró que los servicios municipales no se verán afectados.

CANCELA CONTRATO CON ISLAND BUILDERS

Más temprano, la vicealcaldesa ordenó la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders, cuyo presidente es Carlos De Jesús Pagán.

“Al advenir en conocimiento de las investigaciones y acusaciones recientes contra varios funcionarios y contratistas, ordené la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders Corp. La ley es clara sobre las consecuencias legales para los servidores públicos y personas naturales y jurídicas que violen las disposiciones contenidas en el Código Anticorrupción y demás legislación que contenga delitos contra la función pública. No habrá dilaciones en nuestras acciones para asegurar el buen uso de los recursos públicos”, sostuvo Colom García en declaraciones escritas.

Anticipó que “esta determinación le será notificada a las instituciones fiscalizadoras y advertimos que el Municipio llevará a cabo cualquier otra acción autorizada por ley para proteger el interés público.

La Ley Núm 2 -2018, según enmendada, establece acciones legales contra toda persona que ostente contratos con el gobierno e infrinja de la política pública de cero tolerancia contra la corrupción.

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