Junta de Control Fiscal

Asegura que dará la pelea por los servidores públicos.

El DRNA espera la pronta reapertura de algunas facilidades.

Desde 2015 a 2020, el ICP ha enfrentado sobre $ 23 millones en pérdidas o restricciones de fondos.

Dijo que los nominados darán continuidad a los trabajos del organismo fiscal.

Mientras que, recomendó la permanencia de Andrew Biggs al organismo fiscal.

Quedarían en suspenso las leyes 80, 81 y 82.

La directora ejecutiva de la Junta dijo que las leyes 80, 81 y 82 no serán implementadas hasta tanto lleguen a un acuerdo.

El Gobierno identificó $23 millones necesarios para cumplir con el pago.

Señala que no hubo formalidad para comprar las pruebas y por ende “nadie puede decir con certeza cómo fue que ese proceso se dio”.

Este dicta las nuevas normas y procesos de compras y subastas del gobierno de manera centralizada y transparente.

Insiste en recorte de pensiones.

Recomendó a la directora ejecutiva sacar $2 millones del presupuesto del organismo para pagar el alza a estos profesionales de la salud.

Abandonó la reunión tras oponerse al Plan de Ajuste.

Explicó que “sometimos y firmamos la Ley 80, 81 y 82 porque entendíamos y hay documentación de que habían los ahorros.”

Con miras a mitigar el costo de mayores beneficios de retiro definidos en las Leyes 80, 81 y 82.

El ente acogió la petición de la agencia gubernamental a pocos días de los comicios electorales.

Según el organismo, no fue una renuncia.

Dan la bienvenida al nombramiento del socio-gerente de DCI Group.

Tras concretizarse la renuncia de José Carrión III.

Para tomar una determinación fiscalmente responsable sobre si puede pagar los aumentos en beneficios.