El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el miércoles que un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el pasado 14 de octubre una acusación formal contra Gabriel Hernández, con diez cargos de supuesto fraude electrónico, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1343.
Muldrow junto a Tyler Hatcher, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), Oficina de Campo de Miami, hicieron el anuncio. La acusación fue revelada después del arresto del acusado por agentes federales del IRS-CI.
“Como he dicho en el pasado, se alienta a las personas involucradas en cometer fraude a que se presenten ante las autoridades, lo que incluye a las personas que están utilizando fraudulentamente las leyes fiscales de Puerto Rico para evadir los impuestos federales”, dijo Muldrow en comunicación escrita.
“Este caso también debería servir como una advertencia para cualquiera que esté considerando intentar evadir impuestos mediante la explotación ilegal de las leyes fiscales federales y de Puerto Rico”, añadió.
“Se han implementado leyes fiscales federales y puertorriqueñas para vigorizar la economía y brindar alivio financiero a Puerto Rico. La Investigación Criminal del IRS perseguirá enérgicamente a cualquier individuo y profesional que se enriquezca fraudulentamente abusando de los programas de incentivos fiscales del gobierno”, dijo Hatcher, agente especial a cargo de la oficina local del IRS-CI en Miami.
De acuerdo con las alegaciones en la acusación, Hernández, un contador público que se desempeñó como Gerente de Impuestos y Socio a cargo de la División de Impuestos de una gran firma pública de contabilidad, impuestos, consultoría y asesoría comercial, supuestamente ideó un esquema para defraudar al Servicio de Impuestos Internos de el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El esquema involucró la presentación de información falsa al gobierno de Puerto Rico en un intento de proporcionar fraudulentamente a la Compañía A una desgravación fiscal federal a través de las disposiciones de la Ley 20.
La Ley 20, también conocida como Ley de Servicios de Exportación, ofrece incentivos fiscales para que las empresas puertorriqueñas exporten servicios a otras jurisdicciones. Los beneficios tributarios sobre los ingresos derivados de clientes fuera de Puerto Rico en relación con los servicios prestados desde Puerto Rico incluyeron una tasa de impuesto a la renta fija del 4 por ciento para los servicios de exportación elegibles, una exención de impuestos del 100 por ciento sobre los dividendos de las ganancias y ganancias, y un 60 por ciento exención de impuestos sobre los impuestos municipales locales.
En diciembre de 2018, Hernández formó la Compañía A bajo la ley de Puerto Rico para un agente especial encubierto del IRS-CI haciéndose pasar por un rico contribuyente estadounidense de Arizona. En diciembre de 2019, Hernández hizo que se preparara y presentó una solicitud de exención de impuestos fraudulenta ante la Oficina de Desarrollo Industrial y obtuvo fraudulentamente el estado de exención de impuestos de la Ley 20 para la Compañía A.
En diciembre de 2019, Hernández también determinó que la Compañía A reportaría 500,000 dólares en ingresos comerciales en Puerto Rico, lo que reduciría los impuestos federales de la Compañía A. Luego, en julio de 2020, Hernández hizo que se preparara y presentara una declaración de impuestos corporativos de Puerto Rico para la Compañía ante el Departamento del Tesoro de Puerto Rico (Hacienda), alegando falsamente que la Compañía A. ganó $ 500,000 en Puerto Rico.
Hernández supuestamente también provocó la preparación y presentación de Declaraciones de Volumen de Negocios 2020-2021 falsas ante el Municipio de San Juan con base en las ganancias falsas. El acusado se enriqueció injustamente a sí mismo y a otros al recibir honorarios a cambio de estos actos falsos y fraudulentos.
La acusación además alega que, como parte del esquema, el acusado defraudó al IRS y eludió ilegalmente la evaluación y el pago de impuestos, al participar en transacciones financieras desprovistas de cualquier sustancia económica (transacciones simuladas). Las transacciones estaban destinadas a crear la ilusión de una empresa de consultoría que obtiene ingresos de los servicios prestados dentro de Puerto Rico, en lugar de dentro de los Estados Unidos continentales. El acusado y otros se comunicaron por correo electrónico y teléfono con agentes especiales encubiertos del IRS-CI en el comercio interestatal y extranjero como parte del esquema. El acusado y otros tergiversaron, ocultaron y ocultaron los actos realizados para promover el plan.
Si es declarado culpable, el acusado enfrenta una sentencia legal máxima de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares por cargos relacionados con fraude electrónico. Una acusación es un documento de acusación que contiene acusaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
