La Junta de Supervisión Fiscal envió una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, para notificarle que la moratoria a "La Crudita" no puede ser implementada debido a que el proyecto es defectuoso.
"Primero, aparenta ser que el componente central de la resolución conjunta -el dividendo especial que paga por la moratoria - no es válido. Según el portavoz Méndez Núñez, una medida así solo puede autorizarse mediante una ley, no una resolución conjunta. Aunque hay planes para que la Legislatura corrija este problema, la Cámara no lo puede atender antes de la sesión que inicia el 10 de mayo. Hasta que este defecto no sea corregido, la moratoria no debe y no puede ser implementada", lee la misiva, que también fue enviada al gobernador Pedro Pierluisi, el presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández, el presidente del Senado, José Luis Dalmau y el secretario de Hacienda, Francisco Parés.
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La Junta advierte, además, que la medida no puede entrar en vigor hasta que el Departamento de Hacienda no tenga los $25 millones (50% del impuesto) y los deposite en el Fondo General.
"Nos preocupa que el Gobierno no podrá obtener los $25 millones de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) a tiempo y tratará entonces de utilizar otras opciones o fondos federales, en violación al Plan Fiscal", añaden.
El organismo dio hasta hoy, 6 de mayo para que el Gobierno confirme que no pondrá en vigor la moratoria hasta que la ley autorice el pago de dividendo de ASC y los ingresos sean depositados al Fondo General.
El gobernador firmó el martes la Resolución Conjunta del Senado 240 que establece una moratoria de 45 días al impuesto.
Al darle paso a esta Resolución, Pierluisi instruyó al Departamento de Hacienda suspender temporalmente, hasta un tope de $25 millones, en el agregado al arbitrio a la gasolina y al diesel que será aplicable a inventario existente y disponible.
El proyecto también ordena al Departamento de Asuntos al Consumidor a mantener vigente una orden de prohibición de aumentos de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel; y para otros fines relacionados.
