El empresario, Luis Benítez Avilés, quien enfrenta cargos criminales por fraude, evasión contributiva y violaciones al Código de Rentas Internas, sufrió otro revés judicial ayer cuando la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Eloína Torres Cancel, declaró “no ha lugar” una moción presentada por su defensa para que el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, fuera citado como “testigo hostil” para la vista preliminar del caso en su contra.
El Ministerio Público se opuso por escrito a la solicitud de la defensa, por entender que “no ha demostrado de ninguna manera que el Secretario aportaría evidencia exculpatoria que razonablemente y con toda probabilidad, derrotaría la estimación de causa probable para juicio. La defensa tampoco ha demostrado la pertinencia o relevancia que tendría el supuesto testimonio específico del Secretario. La defensa tampoco ha demostrado cuáles son esas circunstancias excepcionales para la citación compulsoria del Secretario. Todo lo contrario”, lee la moción presentada por las fiscales, Roxanne Rivera Carrión y Fabiola Acarón Porrata Doria, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.
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“Tal y como anticipamos, tras evaluar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, la jueza rechazó la petición del imputado, por lo que el secretario de Hacienda no tiene que comparecer al proceso. La citación de un jefe de agencia se prohíbe o se limita a circunstancias excepcionales, y la parte interesada en la declaración tiene que demostrar, entre otras cosas, que no hay otro funcionario de la agencia que pueda ofrecer información relevante sobre el asunto. Aquí están citados y disponibles todos los funcionarios del Departamento de Hacienda para ofrecer información sobre los documentos que alega la defensa y su contenido. Evidentemente, en este caso no procede citar al secretario”, informó el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, el fiscal Rodney J. Ríos Medina.
Las fiscales también se opusieron a que el Secretario entregara los documentos de notificaciones, subpoenas, correos certificados y las citaciones expedidas que solicitó el imputado. “La solicitud de la defensa es un subterfugio para descubrir prueba del Ministerio Público antes del proceso que establecen las reglas para ello. El descubrimiento de prueba que regula la Regla 95 no aplica en esta etapa de los procedimientos”, expusieron.
La defensa de Benítez Avilés había solicitado que Parés Alicea compareciera a la vista preliminar con el expediente contributivo del imputado, arguyendo que el empresario nunca recibió una notificación del inicio de la investigación administrativa por las violaciones de cáracter criminal, y alegando que las actuaciones del Departamento de Hacienda violaron múltiples derechos constitucionales de su cliente.
La moción de diez páginas presentada por el Ministerio Público el pasado 27 de octubre, también rechaza que la incomparecencia del secretario de Hacienda viole el derecho constitucional del imputado a carearse con los testigos. “Primero, la Cláusula de Confrontación es un derecho constitucional que únicamente aplica en la etapa de juicio. Por lo que el imputado no puede alegar que la no comparecencia del Secretario viola su derecho constitucional a carearse con los testigos de cargo. No hay ninguna violación de derechos constitucionales por parte del Estado”, reza el documento presentado por las fiscales.
“No debemos olvidar que esto es un caso de evasión contributiva, donde las violaciones en que ha incurrido el Sr. Benítez han perjudicado al erario y al Pueblo de Puerto Rico”, establecieron las fiscales en su escrito.
El 30 de septiembre, tras una investigación en alianza con el Departamento de Hacienda, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó ocho cargos graves en contra de Benítez Avilés por presentar planillas falsas y fraudulentas, dejar de reportar sobre $7 millones en ingresos y utilizar varias corporaciones para evadir el pago de contribuciones y costear gastos personales ostentosos.
El 7 de octubre, el Ministerio Público presentó tres nuevos cargos contra el empresario por enajenar, vender y esconder tres vehículos de motor (Lamborghini Aventador SVJ 2020, Ferrari 488 Spider 2018 y Rolls Royce Cullinan 2020) en incumplimiento con una orden de embargo emitida por el secretario de Hacienda y en violación del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
En ambos casos hubo una determinación de causa para arresto en todos los cargos.
