La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), validó mediante una investigación, la posibilidad de un potencial conflicto de interés de parte de un ex funcionario del Departamento de la Vivienda, y una compañía de un familiar en su primer grado de consanguinidad.
La investigación de la OIG, surge luego de un referido del actual secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Luis Fernández Trinchet, para que se indagara sobre la relación que vinculaba a un ex funcionario del Departamento, a cargo de ejercer política pública, y la compañía de un familiar cercano con quien se formalizaron contratos a través del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y Recuperación ante Desastres (CBDG-DR, por sus siglas en inglés).
Entre los documentos referidos se incluye un informe de monitoria del US Departament of Housing and Urban Development Puerto Rico, Department of Housing Monitoring Report, B-17-DM-72-0001, con fecha del 18 al 21 de febrero de 2020, en el que, entre otras cosas, informa al DV, la posibilidad de un conflicto de interés por parte de uno de sus funcionarios.
De la investigación realizada por la OIG, surge que el funcionario público que estuvo a cargo de establecer la política pública en el DV, no cumplió con su deber de notificar formalmente ante su entidad y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el posible conflicto ético que lo unía a las compañíasproponentes. Además, de que durante el período en que se desempeñó como funcionario público, se formalizaron y realizaron enmiendas a los contratos vinculados a la compañía de su familiar.
Así también, el contratista completó y sometió los documentos de licitación, para la subasta y completó los formularios sobre conflicto ético requeridos en el proceso, sin alertar e informar que su familiar se desempeñaba como funcionario del DV.
La evaluación realizada a los documentos entre el periodo de 1 de noviembre de 2018 a 30 de junio de 2019 y la información recopilada durante la investigación, es relevante, significativa y suficiente para fundamentar las posibles irregularidades contenidas en el informe.
La OIG, en su deber ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, realizó el referido a las entidades concernientes y para que se evalúen las irregularidades y posible conducta antiética identificada en el informe.
A tenor con el Artículo 9, de la citada Ley y Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar los procesos futuros, producto de los hallazgos y recomendaciones. Un resumen ejecutivo se encuentra público en la página de internet www.oig.pr.gov.
