Le piden a Ramos Sáenz que delate a los que participaron en el chat

El escándalo involucra a más de una decena de funcionarios de la administración Rosselló.

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    Revelan hallazgos de la investigación del chat de la CEE

    Señalan múltiples violaciones a la éticas por parte de Ramos Sáenz.

    (Publicado martes 3 de abril de 2018)

    El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, exhortó el miércoles, al suspendido juez Rafael Ramos Sáenz a que hable ante el Departamento de Justicia.

    “Yo le hago un llamado al juez que si en algún momento le quedo vocación de servicio, debería hablar y debería darle toda la información al Departamento de Justicia”, dijo Torres en conferencia de prensa.

    “Aquí van a tratar de que la soga parta por el juez Ramos Sáenz, pero aquí hay más”, añadió.

    Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dejó en manos del Departamento de Justicia (DJ) las acciones a tomar contra funcionarios de su gabinete, implicados en el chat de WhatsApp por el cual el suspendido juez Rafael Ramos Sáenz saliera de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

    Del mismo modo, el mandatario repitió que desconocía sobre el chat.

    “La existencia del chat yo no la sabía, ni la sabía el comité que evaluó al juez”, dijo.

    Telenoticias reveló el martes en exclusiva el informe que la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) preparó tras su investigación. 

    El informe de 72 páginas detalla los hallazgos de la investigación iniciada a raíz de la revelación del intercambio de mensajes en el que participó el ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos Sáenz.

    Lee aquí el informe de la investigación.

    Los investigadores de la división legal interrogaron a los participantes de lo que resultaron ser dos chats de WhatsApp relacionados a la campaña a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) creados en el 2015 y 2016 por Itzá García, actual Secretaria Asociada de la Gobernación y el juez Ramos Sáenz.

    Examinaron no solo las seis páginas reveladas por el senador popular Aníbal José Torres, sino también otras 102 de fotos de pantalla de decenas de mensajes de texto suministradas por uno de los entrevistados.

    El informe identifica al Secretario de la Gobernación William Villafañe, la asesora del gobierno María Palou y Yesenia Díaz Román como quienes autenticaron los mensajes que todavía tenían en sus teléfonos.

    Además, corroboraron que Ramos Sáenz participó activamente en la campaña a través del grupo que elaboró el plan para Puerto Rico y otras actividades de campaña lo que prohíben absolutamente el cánon 28 de ética judicial.

    El documento concluyó que en unas de las conversaciones Ramos Sáenz consultó con miembros de la campaña del PNP una decisión suya sobre el voto de los encamados en las pasadas elecciones en el precinto 37 de Moca donde era presidente de comisión local.

    También se le imputa haber asesorado legalmente al equipo de campaña que incluye a varios funcionarios de la administración en violación del cánon 27.

    El reporte le adjudica conducta que puso en riesgo su independencia judicial y lesionó la imagen de la judicatura al supuestamente procurar ascensos y nombramiento a cambio de su conducta.

    Según el informe, el expresidente de la CEE, habría violado doce de los cánones que juro cumplir al asumir el cargo. Cabe señalar que la investigación se limitó al ámbito ético y al juez Ramos Sáenz.

    Mientras que la directora de ASUME, WalesKa Maldonado le confirmó hace unos días a Telenoticias que no cometió violación alguna al participar del chat.

    Durante el lunes la Comisión de disciplina judicial adscrita al Tribunal Supremo ordenó sellar los anejos del informe para no afectar las investigaciones del justicia y la CEE.

    Por otra parte, designo al licenciado Ángel Rossy para que en un plazo de 15 días determine si existe causa para presentar una querella formal contra Ramos Sáenz.

    El expresidente de la CEE se expone a sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión de la profesión legal.