LOS ÁNGELES

Las ciudades donde la Casa Blanca combatirá el tráfico de armas

Los fondos para los grupos especiales, que también estarán en Nueva York, Chicago, Washington, D.C., el Área de la Bahía: proviene de los $ 1.9 billones del Plan de Rescate estadounidense, según la Casa Blanca.

Telemundo

La Casa Blanca anunció el miércoles que el Departamento de Justicia de EEUU lanzó una un grupo especial contra el tráfico de armas en Los Ángeles para evitar que las armas crucen las fronteras estatales desde áreas con leyes de armas más débiles.

Los fondos para los grupos especiales, que también estarán en Nueva York, Chicago, Washington, D.C., el Área de la Bahía: proviene de los $ 1.9 billones del Plan de Rescate estadounidense, según la Casa Blanca.

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Los grupos especiales funcionarán para combatir la violencia armada apuntando a las armas de fuego que ingresan desde otros estados con leyes de armas menos restrictivas.

Los Ángeles, al igual que otras ciudades de EEUU, ha experimentado un aumento de la violencia por disparos y homicidios en medio de la pandemia de COVID-19. A partir de 22 de junio, el número de víctimas de disparos en 2021 había aumentado en un 50% en comparación al mismo período del año pasado.

En ese momento, un total de 651 personas habían recibido disparos en Los Ángeles al año – hasta la fecha -, en comparación con 434 el año pasado, y la ciudad tenía un promedio de 27 víctimas de disparos por semana, dijo Michel Moore, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles Michel Moore, a la Comisión de Policía.

La ciudad informó 162 homicidios en 2021 al 22 de junio, en comparación con 129 homicidios durante el mismo período en 2020. En general, los delitos violentos han aumentado en un 4.3% en 2021, pero las denuncias de agresiones sexuales y robos han disminuido.

La iniciativa de la fuerza de ataque contra el tráfico de armas del Departamento de Justicia es parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia armada, que incluye a través de $ 350 mil millones en apoyo financiero a los gobiernos estatales y locales para contratar más funcionarios y financiar programas de intervención de violencia en la comunidad, empleos de verano, oportunidades educativas, y otras inversiones que han demostrado la reducción del crimen. 

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