Gobernador firma enmiendas a Ley de Armas

El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley las enmiendas a la Ley de Armas que a partir del lunes convierten en delito grave el disparar un arma de fuego a no ser que sea en defensa de vida y propiedad, o en el contexto deportivo.

La ley enmendad dispone que “delito grave toda persona, voluntaria mente, dispare un arma de fuego, independientemente de que haya o no otras personas presentes en el lugar en donde se hace el disparo e independientemente de que se le cause o no daños a otra persona”.

“A partir de hoy se acabaron las contemplaciones y los paños tibios. El que dispare un arma al aire, posea o porte un arma ilegal, tendrá que cumplir cárcel mandatoria sin derecho a probatorias ni a programas de desvío”, señaló García Padilla.

El gobernador recalcó que en años recientes en los tribunales se ha dado un “aumento injustificado” en el número de alegaciones preacordadas que viabilizan programas de desvío y probatorias para las personas que se declararon culpables en casos por uso o portación ilegal de armas de fuego. Según García Padilla, el 42 por ciento de las alegaciones preacordadas en casos de violación a la Ley de Armas, han salido “sin cumplir un solo día de cárcel”.

García Padilla se dio como ejemplo específico la Región Judicial de Bayamón, en donde más de 300 de los 1,100 casos de violaciones a la Ley de Armas registrados en los últimos 18 meses, fueron resueltos mediante alegación preacordada y los imputados no cumplieron un solo día de cárcel.

A partir del lunes toda alegación preacordada en un caso de violaciones a la Ley de Armas, en su modalidad de delito grave, conllevará una pena mínima de dos años de cárcel, son posibilidad de probatoria o programa de desvío

La nueva ley convierte en delito grave además el transportar ilegalmente un arma de fuego. Bajo la anterior ley el delito grave se conformaba solo si el estado lograba demostrar intención para la comisión de un acto criminal.

Por otro lado, la nueva ley establece como una falta administrativa el que una persona no reporte que se han hecho disparos en su propiedad y le sea testigo del hecho. Dicha falta conlleva ahora una multa de mil dólares.

Durante la ceremonia de firma de la ley estuvieron presentes familiares de víctimas de balas perdidas –Karla Michelle Negrón, Stefano Steenbaker y Héctor M. Alejandro Núñez – y líderes comunitarios y dueños de armerías.

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