SAN JUAN, Puerto Rico (CyberNews) - El secretario de Salud Lorenzo González, dijo ayer que para frenar el éxodo de médicos pediatras es necesario implantar legislación que obligue a estos especialistas a prestar servicio en Puerto Rico. González destacó que le solicitó al gobernador Luis Fortuño que de cara al inicio de una nueva sesión legislativa, se presente un proyecto que garantice que aquellos residentes que reciban adiestramiento sufragado con fondos del Estado en el renglón de pediatría, permanezcan en la Isla por la misma cantidad de años que duró dicho adiestramiento, ejerciendo su práctica en el sector público o privado.
“Una de las cosas que he dicho abiertamente es la necesidad de legislación. La petición que se le hizo al gobernador y que estamos discutiendo en este momento es que para el próximo proceso legislativo, se legisle a favor de que ese residente se quede en Puerto Rico, no para trabajar años en el servicio público. Yo estoy diciendo que por cada año que yo le pague de dinero del presupuesto de Puerto Rico, quédese un año en Puerto Rico y haga lo que quiera hacer: quédate en la práctica privada, haz servicio público, haz lo que quieras hacer, pero quédate en Puerto Rico. Si no, devuélveme el dinero con los intereses generados para poder seguir educando a los estudiantes”, apuntó el titular de Salud.
El galeno destacó que por cada residente que se adiestra, el Estado invierte a razón de 50 mil dólares anuales por un lapso de cuatro años, inversión de la que actualmente Puerto Rico no se beneficia dado el gran número de estos profesionales que buscan otros destinos para ejercer su práctica.
“Un residente que entra a pediatría, el departamento de Salud, el gobierno de Puerto Rico paga en el rango de 50 mil dólares por año para que ese residente se adiestre. Ese residente está cuatro años en Puerto Rico en un programa de adiestramiento, hay una inversión capital de gobierno, del erario, en el rango de 50 mil dólares y el residente recoge sus bártulos, brinca el charco y se va”, puntualizó.
Las expresiones de González se efectuaron en el marco de una conferencia de prensa celebrada en la Fortaleza, en la que se anunció la firma de una orden ejecutiva para garantizar servicios prenatales, de parto y durante los 60 días posteriores al mismo, a las mujeres que no puedan sufragar los costos de este servicio.
Los servicios se extenderán incluso a extranjeras indocumentadas a un costo que se calcula en unos 750 mil dólares por cada 150 mujeres que no tengan complicaciones en el embarazo y el parto, lo que podría arrojar un total de tres millones de dólares.
