Una llamada grupal desde La Fortaleza fue suficiente para “cuadrar” la autorización de los pagos por adelantado a los suplidores, trascendió el viernes de una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que investiga la fallida compra de un millón de pruebas COVID-19.
Según el testimonio de Alfonso Rossy Raíces, secretario auxiliar de Contabilidad Central del Departamento de Hacienda, fue la exjefa de personal de Salud, Mabel Cabeza Rivera, la exsecretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa Rivera, la directora de Presupuesto de Salud, Velmarie Martínez y la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez.
Explicó que se trabajaron compras de 313, Maitland y Castro Business, del cual el testigo dijo que no recordaba a éste úlimo (Castro Business). Entre otros adelantos, se estableció uno a 313, LLC de un 60 por ciento.
“En esa llamada había personal de Salud, había aproximadamente 4 personas. Recuerdo a Velmarie de Salud, me parece que Adil Rosa estaba en la llamada y Mabel Cabeza”, dijo el deponente.
“Que las orientara sobre el proceso de pago adelantado a suplidores”, añadió.
Las expresiones se dieron en torno a la investigación que realiza la Cámara de Representantes sobre el proceso de compra de un millón de pruebas que no autorizó la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) para detectar el COVID-19 a la empresa Apex General Contractors, por un total de 38 millones de dólares, de los cuales se les adelantó un pagó del 50 por ciento, equivalente a 19 millones de dólares, pero, el pago se detuvo.
