EL CAPITOLIO - El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis ‘Tato’ León Rodríguez, propuso el jueves un plan comprensivo dirigido a devolver la confianza a los usuarios y comerciantes bonafide del Programa de Alimentación Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), así como al Departamento de Agricultura federal. La propuesta se centra en la solicitud de una auditoría federal sobre el uso y distribución de todos los fondos utilizados en el programa WIC.
“Estaremos solicitándole a la las autoridades federales que inicie inmediatamente los procedimientos para establecer un programa de supervisión directa sobre la asignación y distribución de recursos del WIC, si de la auditoria que debe celebrarse revela serias irregularidades. Además, estaremos radicando legislación para crear, mediante mandato de ley, un nuevo organismo fiscalizador dentro del Departamento de la Familia para monitorear exclusivamente el Programa”, señaló el legislador ponceño en un comunicado.
El representante indicó que también se establecerán nuevos acuerdos con el Departamento de Justicia local, no sólo para procesar a las personas y comercios que comentan fraude al Programa, sino también para exigir la restitución y adjudicar una penalidad adicional para cubrir los gastos legales incurridos por el gobierno.
Entre los acuerdos interagenciales propuestos por León Rodríguez se encuentra el recobro de dineros perdidos por esquemas fraudulentos, un nuevo y más agresivo sistema electrónico de identificación y rastreo de fondos y la implantación, en o antes del 2015, de una plataforma de puntos de venta en todo comercio que sirve a los beneficiarios del Programa WIC.
El legislador, quien además sirve como el portavoz de le delegación estadista en la Comisión de Asuntos Federales e Internacionales y Asuntos del Veterano, reclamó la revisión inmediata del Reglamento de Comerciantes Autorizados del WIC. La más reciente versión del documento que establece, entre otras cosas, los criterios para investigar fraude, fue en el 2010.
Otro punto de la iniciativa consiste en la contratación de una firma de auditoría externa local para iniciar la revisión de todas las transacciones realizadas por los comercios y beneficiarios durante el presente año, así como ofrecer alternativas para atajar al problema.
Además, León Rodríguez abogó por el establecimiento de un Registro Único de Querellas sobre fraude y que el mismo esté bajo el total control de la administración central, impidiendo el acceso al mismo por parte de las oficinas locales y regiones del Departamento de la Familia.
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“En los próximos días estaremos radicando una resolución para que la Comisión de Asuntos Federales inicie una investigación sobre las denuncias de fraude. Aquí no podemos hacernos de la vista larga, lo que tenemos que hacer es ser más proactivos. Hay que defender los más indefensos, nuestros niños y madres solteras”, agregó.
