La Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes atendió este jueves un proyecto de ley que propone regular la siembra y remoción de árboles en áreas que amenacen la infraestructura, mientras establece medidas para la mitigación y reforestación.
El Proyecto de la Cámara 16 crearía la “Ley para Uniformar la Siembra, Corte, Remoción, Mitigación y Reforestación de Árboles Adyacentes a y en las Vías Públicas, Servidumbres Aéreas o Soterradas, y en la Infraestructura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
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La pieza, presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), persigue atender la problemática de la existencia de árboles en áreas inadecuadas y evitar la interrupción de servicios esenciales a la población ante el paso de fenómenos atmosféricos, tras la secuela de miles de árboles sobre el tendido eléctrico que dejaron los huracanes de 2017.
Durante el primer día de vistas públicas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó la medida, aunque emitió recomendaciones y comentarios referente al lenguaje legislativo. La agencia señaló reparos en cuanto a una moratoria de 18 meses propuesta en el proyecto de ley, que permitiría a toda persona privada gestionar, a través de una persona especializada, el corte, remoción y reforestación de árboles en su terreno que no sean catalogados como autóctonos o protegidos, sin tener que esperar por un permiso del DRNA.
Sin embargo, Recursos Naturales aclaró en su ponencia explicativa que todos los árboles, arbustos, palmas o bambúas que sobrepasen los 6 pies de altura están catalogados como protegidos, sean en terrenos públicos o privados.
“Entendemos que dicha medida pudiese prestarse para una tala indiscriminada de árboles, arbustos y otro tipo de vegetativo”, indicó Laura Díaz Solá, asesora legal de la agencia, en representación del secretario Rafael Machargo Maldonado. “Dicha actividad debe llevarse a cabo de forma científica y planificada, por etapas, para garantizar un impacto ambiental mínimo”.
Además, el DRNA expresó preocupación por la peligrosidad que conlleva el trabajo de poda y corte de árboles que interfieren con el tendido eléctrico o servidumbres, por lo que sugirió que solo debe ser realizado por el personal capacitado. A esta inquietud se unió el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica que compareció a la vista pública en representación del director ejecutivo de la corporación pública, Efran Paredes.
Ante los señalamientos, el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez convocó una reunión ejecutiva en la que participará el DRNA y la AEE a fines de abundar sobre las enmiendas sugeridas, particularmente en el lenguaje de la medida.
“La legislación como que se interpreta que vamos a salir en 18 meses a picar a medio Puerto Rico. Esa no es la intención. Quiero lenguaje recomendando enmiendas para garantizar que eso no sea el resultado de la medida”, requirió Hernández Montañez a los funcionarios.
“La intención de la medida no es fomentar la poda indiscriminada. Es trabajar de forma prospectiva para la siembra que se dé futura o la poda que se dé futura. No es salir ahora a tumbar”.
El también representante por el Distrito 11 aseguró que, por ejemplo, en Vega Baja existen miles de solicitudes de poda de árboles en las comunidades que no han sido atendidas.
El presidente cameral enfatizó que la pieza busca establecer una política pública de conservación y de fomentar la siembra, pero “no de sembrar una ceiba debajo de una primaria (eléctrica)”.
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“El resultado de la medida debe ser que, cuando alguien venga a sembrar, privado o público, si hay una servidumbre, que no siembre un roble debajo del tendido eléctrico. El enfoque para distinguir esto es servidumbres; garantizando que esas servidumbres no se afecten después del impacto de algún tipo de proceso atmosférico”, manifestó Hernández Montañez.
Por su parte, los portavoces de la AEE mostraron apoyo hacia la medida, a pesar de que la corporación pública no entregó una ponencia debido a asuntos de calendario. La Comisión otorgó un plazo de 10 días para que la Autoridad brinde una presentación formal.
De acuerdo con la información que surgió de la vista pública, la AEE actualmente mantiene contratos con cuatro compañías privadas para complementar el trabajo de las brigadas internas en el sistema de poda de árboles.
“La Autoridad carece en estos momentos de personal suficiente para poder trabajar lo que siempre hemos trabajado. Siempre ha sido responsabilidad de las brigadas internas de la Autoridad. Sin embargo, recurrimos a esos contratos”, afirmó el ingeniero Miguel Del Valle, quien adelantó que, a partir del 1 de junio, la compañía LUMA Energy – contratada para asumir la operación de distribución de la Autoridad – será la encargada del sistema de poda.
La Comisión, presidida por el representante José Aníbal Díaz Collazo, igualmente concedió 10 días al Colegio de Ciencias Agrícolas para que presente una ponencia, luego de que solicitaron la oportunidad de expresar sus preocupaciones con la medida.
