Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el jueves una acusación formal de 20 cargos contra cuatro personas -tres de ellos empleados del Departamento de Hacienda- de conspiración para cometer soborno en relación con el programa de recepción de fondos federales, pago y recepción de sobornos y fraude electrónico por servicios honestos.
Según la pesquisa, a lo largo de 2020 y 2021, el acusado identificado como Ariel Pintado Montalvo realizó pagos de soborno a empleados de Hacienda a cambio de la aprobación de Declaraciones fraudulentas de impuestos de vehículos.
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Durante el lapso de la conspiración, Pintado Montalvo pagó miles de dólares en sobornos a Antonio Silva Rodríguez, Héctor Vázquez Barroso y Doris Bonilla Valle, quienes utilizaron su posición como empleados de Hacienda para aprobar fraudes y no fraudes.
El Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) era la plataforma digital de Hacienda que se utilizaba para administrar y recaudar impuestos especiales sobre vehículos importados. Se requerían documentos de entrada que notificaban la llegada del vehículo, conocidos como Declaración, que contenían el número de identificación del vehículo (VIN). Si la Declaración estaba completa y contenía el VIN correcto del vehículo de motor, SURI calcularía automáticamente el impuesto especial con base en el valor actual del Libro Negro del vehículo de motor. Una vez que los empleados de Hacienda aprobaran y pagaran el impuesto especial, el vehículo sería liberado y podría moverse libremente desde el puerto. Si el VIN se ingresó incorrectamente en SURI, quien estuviera completando la Declaración podría ingresar lo que creía que era el valor justo de mercado del vehículo. Esta situación desencadenó el requisito de que un empleado del PRDT revisara la Declaración para asegurarse de que se haya recaudado la cantidad correcta de impuesto al consumo.
Según documentos judiciales, el acusado Ariel Pintado Montalvo, quien se dedicaba al negocio de importar vehículos de motor a Puerto Rico como “gestor” (alguien que hacía los trámites y ayudaba a gestionar parte del proceso de importación de vehículos de motor a PR), pagó sobornos en efectivo y pagos de ATH Móvil a empleados de Hacienda. Según se alega, a cambio de los sobornos, Antonio Silva Rodríguez, Héctor Vázquez Barroso y Doris Bonilla Valle aprobaron declaraciones fraudulentas que resultaron en una disminución del impuesto al consumo pagado por Pintado Montalvo y una pérdida de ingresos para Hacienda. Además, a cambio de pagos de sobornos, Silva Rodríguez, Vázquez Barroso y Bonilla Valle utilizaron sus posiciones en Hacienda para aprobar rápidamente declaraciones no fraudulentas.
Con respecto a las declaraciones fraudulentas, estos empleados de Hacienda acordaron que se imputaría un número VIN incorrecto a SURI para activar la revisión de la declaración. Luego, Pintado Montalvo notificaría a uno de los coacusados en Hacienda cuando una Declaración fraudulenta estuviera lista para su aprobación proporcionándole el número de la Declaración a través de WhatsApp. Poco después, Silva Rodríguez, Vázquez Barroso o Bonilla Valle aprobaron la Declaración fraudulenta y notificaron a Pintado Montalvo vía WhatsApp.
Asimismo, Pintado Montalvo envió vía WhatsApp el número de la declaración de no fraude que necesitaba aprobación rápida. Silva Rodríguez, Vázquez Barroso o Bonilla Valle luego notificaron a Pintado Montalvo cuando fue aprobado. Pintado Montalvo luego procedería a coordinar y realizar los pagos de los sobornos en efectivo o vía ATH Móvil en lotes.
El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) con la asistencia del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB) y el Departamento de Puerto Rico. de Correccionales y Rehabilitación.
