La jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Pablo Javier Borrero de 36 años, un empleado del municipio de San Juan imputado de fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).
Según se informó, para junio y julio del 2020, el hombre habría presentado 11 solicitudes que fueron aprobadas- y obtuvo $70,000.
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En todas las solicitudes incluyó ilegalmente los números de seguro social de dos ciudadanos y otros que no le pertenecían. Estas dos personas testificaron que no autorizaron al sospechoso a utilizar su seguro social, por lo que fueron víctimas de apropiación ilegal de identidad. Además, el Municipio de San Juan certificó que el sospechoso se ha mantenido trabajando en el Municipio desde el 2 de julio de 2007 hasta el presente. Por tal razón, no tuvo pérdida de empleo ni de ingresos durante el periodo de la pandemia.
El funcionario enfrenta cargos de fraude, apropiación ilegal de fondos públicos agravada, falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad y posesión y traspaso de documentos falsificados.
Se le fijó al imputado una fianza global de 45,000 dólares, a razón de 5,000 dólares por cada cargo, luego de que la defensa se allanara a la determinación del tribunal.
A su llegada al tribunal, Borrero no ofreció declaraciones.
La vista preliminar fue señalada para el 25 de octubre de 2022.
Las condenas a las que se expone el acusado por infringir varios artículos del Código Penal de Puerto Rico son las siguientes: Dos cargos por el artículo 182 de apropiación ilegal de fondos públicos agravada con una pena fija de 15 años cada uno; un cargo de fraude por el artículo 202 con una pena fija de ocho años; dos cargos por el artículo 217 de posesión y traspaso de documentos falsificados, cuya pena fija es de tres años; dos cargos por el artículo 212 de falsedad ideológica con pena fija tres años; y dos cargos por el artículo 209 de apropiación ilegal de identidad con pena fija ocho años.
El director de Delitos Económicos, el fiscal Rodney Ríos Medina, indicó que su división ha procesado cerca de 20 casos por fraude y otros delitos relacionados con el programa. Sin embargo, explicó que la mayoría de los casos que inicialmente fueron referidos al Departamento de Justicia no son de naturaleza criminal, sino administrativa, por lo que no procede la radicación de cargos. “En el Departamento de Justicia estamos procesando los casos en los que se demuestra la intención criminal, como el que se presentó hoy. Aquellos casos que se limitan a faltas administrativas fueron referidos a distintas agencias, de manera que se pueda subsanar el defecto o recobrar el dinero”, dijo Ríos Medina en declaraciones escritas.
