La jueza Iraida Rodríguez encontró este miércoles causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli por dos denuncias relacionadas a informes financieros que presuntamente omitió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), con una fianza de mil dólares por cada cargo.
Mientras, determinó no causa por otras 22 denuncias de evasión contributiva. Además, la magistrada determinó no causa contra su madre, Rita Molinelli y la corporación familiar, Ocean Front Villas.
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“La evidencia demostró que se presentaron declaraciones de renta falsas durante cinco años”, sostuvo el fiscal Ramón Mendoza. Por su parte, Antonio Andreu Fuentes, abogado de la defensa, aseguró que las acusaciones no estaban respaldadas por pruebas.
Según el Departamento de Hacienda y la Oficina del Fiscal Especial Independiente, Nogales Molinelli, su madre y la corporación familiar Ocean Front Villas no declararon ingresos que 2,669,402.63 entre 2017 y 2021.
Nogales Molinelli ha calificado el proceso como una “patraña”.
La vista preliminar está pautada para el 26 de junio, y el fichaje de Nogales Molinelli se llevará a cabo el 25 de mayo en la tarde.
De su parte, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García expresó en comunicación escrita: “Ante la determinación de causa en contra de la representante Mariana Nogales Molineli, la Comisión de Ética se encuentra lista para atender cualquier referido que se presente sobre esta determinación”.
El pasado 3 de mayo, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó 51 denuncias contra la representante, su madre, y una corporación. De la totalidad de las denuncias, 24 eran contra Nogales Molinelli.
Mientras, el Tribunal de Apelaciones sostuvo el pasado 18 de mayo la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de no conceder la recusación de la jueza Iraida Rodríguez Castro en el caso.
El conflicto se originó cuando las partes acusadas alegaron que Rodríguez Castro había tenido contacto previo con la prueba al expedir una orden de registro bancario para las cuentas de las implicadas.
A pesar de que las partes alegaron no considerar a la jueza parcializada, argumentaron que se debía evitar la apariencia de conducta impropia y proteger la integridad de la justicia.
El TPI se negó a conceder la recusación, indicando que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en casos similares establece que el mero contacto previo con la prueba no justifica la recusación de un juez.
Las partes acusadas apelaron al Tribunal de Apelaciones, argumentando que el TPI erró en no conceder la recusación, en contravención a la Regla 76 de Procedimiento Criminal y el Canon 20 de Ética Judicial.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que la aplicación del precedente del Tribunal Supremo aseguraría un trato igualitario para todos los acusados, independientemente de la atención mediática del caso. De este modo, la imparcialidad del proceso se mantendría siguiendo las mismas pautas que han prevalecido durante décadas.
“En ocasiones es necesario que ocurra un proceso injusto para desenmascarar a las instituciones que ya no nos sirven. La Oficina del Fiscal especial Independiente se apresta a presentar una patraña. Una patraña que fabricó hace casi un año. Una patraña solicitada por Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental. Yo estoy bien segura de que es una patraña. Muchos quieren mi cabeza y además, se sienten atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidados por su verticalidad”, expresó Nogales Molinelli cuando conoció que el PFEI iría contra ella.
“Cuando presenté mi autoreferido no podían creerlo. No había ni siquiera un procedimiento. Pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y a diferencia de otros 38 legisladores que sí pudieron enmendarlo, a mí no se me permitió”, añadió.
El PFEI anunció hace más de un año la designación de un fiscal para investigar a la representante del MVC.
El curso legal de la pesquisa se inició tras formalizarse tres querellas ante el Departamento de Justicia por parte de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
En ese momento, la denuncia alegaba que la representante dejó de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales. La información que se vierte en el Informe Financiero de la Legislatura se presenta bajo pena de perjurio.
En marzo del 2022, el Departamento de Justicia recomendó al PFEI la designación de un fiscal especial.
Según se informó en comunicado de prensa, el DJ concluyó que existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir información en un Informe Financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
