El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, confirmó que este jueves se presentó un informe parcial sobre la investigación por la compra y distribución de pruebas para detectar el COVID-19.
Según se informó, el informe, de 90 páginas, contiene hallazgos, recomendaciones, conclusiones y referidos. El informe final será presentado, una vez terminen las vistas públicas como parte de la primera etapa de la investigación, e incluirá el resto de los testimonios y deponentes citados.
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“En medio de la situación de emergencia que se vive en Puerto Rico y de tomar todas las medidas que viabilicen el control de la propagación del virus, trascendieron serios señalamientos de parte de la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo sobre irregularidades en los procesos de compra de pruebas para detectar el COVID-19. Ante las denuncias presentadas se inició una investigación expedita, ordenada en dicha Resolución”, indicó Morales en declaraciones escritas.
El representante recordó que Quiñones de Longo también hizo denuncias sobre el proceso para recibir y realizar inventario de 500 pruebas moleculares (“test kits”), y sobre los procesos llevados a cabo para la firma de contratos por Salud.
Entre los referidos se incluye a funcionarios que participaron o estuvieron involucrados en los contratos y el proceso de compras de las pruebas de COVID-19. Entre ellos, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José Burgos; la ex secretaria auxiliar de Administración de Salud, Adil Rosa; la requisidora de un programa federal en el Departamento de Salud, Mariel Rivera; la directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud, Diana Meléndez, y la secretaria interina de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo.
Entre las violaciones posiblemente cometidas por el general José Burgos Vega está perjurio, cometido en su testimonio el 8 de abril de 2020 ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en violación del Artículo 33 del Código Político de Puerto Rico y el Artículo 269 del Código Penal de Puerto Rico. Asimismo, pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme los Artículos 262 y 263 del Código Penal, y pudo haber infringido el Artículo 4.2 del Capítulo IV, inciso r y s de la Ley de Ética Gubernamental. Mientras que Diana Meléndez Díaz pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme los Artículos 262 y 263 del Código Penal y pudo haber infringido el Artículo 4.2 del Capítulo IV, inciso r de la Ley de Ética Gubernamental.
La Comisión refiere, además, a la entonces secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo, ante la posible negligencia en el cumplimiento de su deber conforme los Artículos 262 y 263 del Código Penal; así como pudo haber infringido el Artículo 4.2 del Capítulo IV inciso r de la Ley de Ética Gubernamental. Además, por el Artículo 9 de la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y el Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico.
Igualmente, las funcionarias del Departamento de Salud, Adil Rosa Rivera y Mariel Rivera Rivera, pudieron haber sido negligentes en el cumplimiento de su deber conforme los Artículos 254, 255, 262 y 263 del Código Penal, y pudieron haber infringido el Artículo 4.2 del Capítulo IV Incisos o, r y s, de la Ley de Ética Gubernamental. Además, por el Artículo 9 de la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y el Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, posiblemente violentando, en múltiples instancias, lo que constituyen las funciones y deberes que acarrean sus cargos. Por su parte, Adil Rosa, incumplió, al momento de prestar su testimonio, con las instrucciones impartidas por la Comisión de Salud de la Cámara conforme a la facultad Constitucional conferida.
Asimismo, se recomienda evaluar la legalidad de los procedimientos seguidos por funcionarios y cualquier incumplimiento con la ley y los reglamentos aplicables, tales como:
- Ley Orgánica del Departamento de Salud
- “Reglamento para Regular las Compras del Departamento de Salud”, así como cualquier otro reglamento aplicable
- Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
De manera similar, se recomiendó que la Oficina del Contralor de Puerto Rico realice una auditoría al Departamento de Salud y al NMEAD, en aras de evaluar las posibles irregularidades en los procesos de compras que lleva a cabo estas agencias y los desembolsos de fondos realizados, durante el periodo de emergencia del COVID-19.
Los referidos serán enviados a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor, y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
