El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón presentó el domingo su informe sobre la investigación de la Comisión de Salud sobre la fallida compra de pruebas COVID-19 por $38 millones.
“El informe que publicamos hoy concluye y reitera aspectos que hemos denunciado por años como el del germen del inversionismo político que promueve, como hemos atestiguado en todas las vistas de las pruebas COVID-19, nombramientos de funcionarios sin la preparación o experiencia necesaria simplemente porque pertenecen al partido en el poder y con el único fin de perpetuar la politización del gobierno, adelantar agendas partidistas y personales, así como la devolución de favores económicos a los donantes de campañas”, expresó Márquez Lebrón en declaraciones escritas.
Sobre los hallazgos de posibles violaciones contenidos en el informe de Márquez Lebrón -denominado “Informe de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en torno a la Resolución de la Cámara 1741”- el mismo concluye la posible comisión de delito por conspiración en el caso de los testimonios de Adil Rosa Rivera, Mariel Rivera Rivera, Mabel Cabeza y el doctor Segundo Rodríguez. Recomienda, además, que se añadan a los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado por cometer perjurio ante la Comisión de Salud y que todos sean referidos a las agencias investigativas pertinentes.
El informe del Portavoz del PIP en la Cámara concluye, además, “la ausencia intencional y negligente en sus funciones del pasado Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez y las omisiones y negligencias de la entonces Subsecretaria Dra. Concepción Quiñones de Longo”; la falta en su función ministerial de la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris E. Santos quien no veló por el cumplimiento responsable del proceso de compra o contrataciones de las agencias, no requirió informes ni estableció los controles necesarios y por último, el Administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar J. Chávez Piñero, que “incumplió con la Ley de Compras y negligentemente ha ‘arrastrado los pies’ en la aprobación de un reglamento de compras”.
Márquez Lebrón también recomienda la reestructuración y reorganización del Departamento de Salud (DS) y la actualización de la Ley de Epidemias y la Ley Orgánica del DS.
“Con una Ley Orgánica renovada y actualiza y con un DS exento de politización, no sería necesario en caso de emergencia, nombrar a un grupo externo que provoque confusiones sobre a quién le toca cuál responsabilidad al momento de atender una emergencia de manera efectiva”, concluyó Márquez Lebrón.
