Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de 62 cargos el pasado 10 de marzo, contra 14 personas por delitos de lavado de dinero y narcóticos, informó el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
Según documentos judiciales, a partir de marzo de 2020 a más tardar, los acusados conspiraron y acordaron entre sí para realizar más de $5 millones en transacciones financieras relacionadas con ganancias del narcotráfico.
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Además, usaron el sistema financiero de los Estados Unidos para ocultar las ganancias del comercio de sustancias controladas y transfirieron esas ganancias ilícitas desde lugares dentro de los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, a lugares fuera de los Estados Unidos, incluida Colombia.
Los cargos dos a 52 de la acusación formal detallan 51 transacciones financieras que van desde $16,036.90 a $1,109,960 involucrando ganancias del narcotráfico.
Los cargos 53 a 59 acusan a Carlos Javier Ruiz Patiño, alias “Hustler Man/Jordan/El Chamo”, de encubrimiento internacional de lavado de dinero. Se alega que el demandado transfirió o transportó un total de $964,944.35 de Puerto Rico a Colombia y Canadá. Los cargos 60 a 62 incluyen conspiración de importación de narcóticos, complicidad y conspiración de narcóticos.
Ruiz Patiño fue detenido el 9 de marzo de 2023. Los imputados detenidos son: Roberto Brioso Canario, David Luis Zapata Félix, Walter Alexis Daynes Torres y Jesús Alberto Oriol Cabán. Los acusados Guillermo Andrés Beltrán Osorio, Enmanuel Matos Matos, Edgardo Delgado Carmona, Rafael Cruz Montalvo, Edgar Omar Báez Vargas y Franky Pagán Mendoza fueron arrestados previamente. Las autoridades están trabajando activamente en el arresto de otros tres acusados en la conspiración.
Si son declarados culpables de los delitos de lavado de dinero, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Si son declarados culpables de los delitos de narcóticos acusados, enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) está a cargo de la investigación del caso con la colaboración del FBI, HSI, IRS y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
