Las portavoces de Proyecto Dignidad en la Asamblea Legislativa, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, instaron ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, una solicitud de interdicto preliminar y permanente como medida para frenar “la constante usurpación de poderes por parte del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia”, al implementar órdenes ejecutivas relacionadas al manejo del COVID-19 “que rebasan los poderes delegados”.
“Luego de un análisis de nuestro estado de derecho, sostenemos que el gobernador, a través de las órdenes ejecutivas impugnadas, está usurpando el poder de la Asamblea Legislativa. Por lo que, las acciones del Ejecutivo menoscaban nuestras prerrogativas constitucionales como legisladoras”, expresó la senadora por acumulación Rodríguez Veve en declaraciones escritas.
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Por su parte, la representante Burgos Muñiz expresó: “hoy acudimos ante el Foro Judicial con una petición para que se ordene un alto a la gobernanza por decretos por parte del Ejecutivo. Estoy en récord, pronunciándome sobre la inconstitucionalidad de las ordenes ejecutivas contra el COVID-19 que violentan el principio de separación de poderes y los derechos individuales fundamentales."
Para las legisladoras de Proyecto Dignidad, estas órdenes ejecutivas no solo violentan la separación de poderes, sino que responden a una errada interpretación de la delegación de poderes que trastoca y debilita nuestro sistema republicano de gobierno, que se distingue por ser uno de pesos y contrapesos.
Burgos Muñiz subrayó que “todo lo auscultado en derecho indica que imponer la vacunación contra el COVID-19 de manera compulsoria como condición para ir a estudiar, viajar, tener acceso a diversos servicios y, como si fuera poco, trabajar, es una interpretación errada a la delegación de poderes contenida en la Ley 20-2017”, sostuvo la Representante por Acumulación Burgos Muñiz.
Por su parte, Rodríguez Veve puntualizó que "la vacunación contra el COVID-19 no puede justificar un atentado contra el diseño constitucional de la separación de poderes que le permita al Gobernador extralimitarse en el ejercicio del poder, con el efecto de anular, de facto, el deber ministerial que nos corresponde a los integrantes de la Asamblea Legislativa”, indicó la portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado.
