El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó un recurso de mandamus, una sentencia declaratoria e impugnación de deferencia contributiva por parte del empresario Luis Benítez Avilés, a quien el Departamento de Hacienda ordenó embargar tres carros de lujo tras haber sido acusado criminalmente por supuestamente presentar planillas falsas, dejar de reportar siete millones en ingresos y crear corporaciones para evadir contribuciones.
Benítez Aviles solicitó que el tribunal expida el auto del mandamus ordenando al secretario de Hacienda, Francisco Parés, a cumplir con su deber ministerial de garantizar el debido proceso de ley y la confidencialidad de su información personal contributiva, además se le garantice el derecho a estar asesorado por abogado y no se tome represalias contra dicha representación legal.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
A su vez, solicitó que el tribunal ordene al cumplimiento con el deber ministerial de dar un trato justo, considerado e imparcial al Demandante, sin hacer expresiones públicas sobre su récord criminal ni alguna otra en su contra. Mediante el mecanismo de sentencia declaratoria, Benítez Avilés solicitó que se declare inconstitucional la interpretación y el uso dado por el Departamento de Hacienda, al estatuto de Tasación de contribución en peligro y se ordene la paralización del procedimiento de apremio en contra del Demandante y decretemos la paralización temporera del recurso de impugnación de determinación de deficiencia y tasación de contribución, hasta tanto se diluciden las acusaciones criminales en su contra.
“Todos los asuntos planteados sobre el procedimiento administrativo que está en curso se deben levantar durante el procedimiento adjudicativo ante el Departamento de Hacienda, por lo que no procede que se emita un recurso extraordinario o una sentencia declaratoria en estos momentos. Además, en cuanto a la acción de impugnación de deficiencia contributiva, esta carece de madurez. El Demandante acudió ante el Secretario y solicitó reconsideración y revisión de los asuntos que se le notificaron al Demandante. Por lo tanto, este se sometió al procedimiento administrativo sobre el cual el Tribunal actúa de forma revisora sobre las determinaciones finales. En este caso no existen determinaciones finales que contengan determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho que se puedan revisar. El Demandante arguye que, ya que las notificaciones se hicieron con la firma del Secretario, estas se tratan de determinaciones finales que no son revisables, según lo establece la sección 6051.10, 13 LPRA sec. 33210, del Código. A pesar de esto, tal sección es clara en cuanto a que “las determinaciones de hecho y la decisión del Secretario sobre los méritos de cualquier reclamación hecha bajo o autorizada por este Código no estarán sujetas a revisión por cualquier otro funcionario administrativo o de contabilidad, empleado o agente del Gobierno de Puerto Rico, excepto por aquellos funcionarios que el Secretario designe a esos efectos”. (Énfasis nuestro). Por lo tanto, el hecho de que el Secretario haya firmado las mismas no las hace finales en cuanto al procedimiento administrativo. Por lo tanto, entendemos que procede la desestimación del presente pleito para que el mismo continúe su curso administrativo ante el Departamento de Hacienda. Sentencia. En vista de lo anteriormente expresado, se desestima la presente acción de mandamus, impugnación de deficiencia contributiva y sentencia declaratoria por falta de agotar los remedios administrativos disponibles y ausencia de una determinación final del Departamento de Hacienda”, expuso Cuevas Ramos en la sentencia de catorce páginas.
El Departamento de Justicia radicó el pasado jueves, 7 de octubre de 2021, nuevos cargos criminales contra el empresario Luis Benítez Avilés por supuestamente enajenar, vender y esconder tres vehículos de motor en incumplimiento con una orden de embargo emitida por el secretario de Hacienda y en violación del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
“Este individuo actúa como quien cree estar por encima de la ley, pero no vamos a permitir que siga utilizando subterfugios para evitar cumplir con su responsabilidad a cuesta de otros contribuyentes responsables. Su incumplimiento es delito y tiene consecuencias. Este es el primer caso de evasión contributiva, donde el Departamento de Justicia junto al Departamento de Hacienda implementan un plan de trabajo para procesar a un individuo bajo las disposiciones criminales y civiles que aplican según el Código de Rentas Internas”, sentenció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en comunicación escrita.
El pasado 29 de septiembre, tras una investigación en alianza con el Departamento de Hacienda, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra el empresario por presentar planillas falsas y fraudulentas, dejar de reportar más de siete millones de dólares en ingresos, y utilizar varias corporaciones para evadir el pago de contribuciones y costear lujos y gastos personales ostentosos. Algunas de las corporaciones que preside tampoco cumplieron con la obligación en ley de rendir planillas de contribución.
Para asegurar el cobro de la deficiencia contributiva, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, inició el procedimiento administrativo de la tasación de contribución en peligro y notificó a Benítez Avilés que estaría llevando a cabo un embargo e imponiendo un gravamen sobre tres vehículos de motor de su propiedad.
Sin embargo, el imputado se ha negado a entregar y a brindar información sobre la ubicación de los automóviles Lamborghini Aventador SVJ 2020, Ferrari 488 Spider 2018 y Rolls Royce Cullinan 2020. De igual forma, posterior a la notificación de la orden de embargo, el imputado intentó enajenar y traspasar uno de los vehículos.
Ante esto, hoy las fiscales Roxanne Rivera Carrión y Fabiola Acarón Porrata Doria presentaron tres cargos contra Benítez Avilés por violación a la Sección 6060.02C del Código de Rentas Internas de Puerto Rico. La juez Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en todos los cargos imputados por el Ministerio Público, y le impuso una fianza de 300 mil dólares. La vista preliminar fue señalada para el 21 de octubre.
“El imputado está ocultando donde se encuentran los vehículos en clara violación de ley. Si después de efectuado un embargo, el deudor vendiere, escondiere, destruyere, traspasare, cediere o en cualquier otra forma enajenare dicha propiedad con el propósito de hacer nulo el embargo o evadir el pago de las contribuciones, incurrirá en un delito grave de tercer grado”, explicó la fiscal Rivera Carrión.
Los vehículos de Benitez Avilés, exconvicto federal por lavado de dinero, tienen un valor aproximado de 1.3 millones de dólares. De igual forma, dentro de los años investigados, adquirió una propiedad inmueble de casi medio millón de dólares, entre otros bienes que compró a nombre de su corporación. Sin embargo, en un periodo de cinco años, solo informó 223 mil dólares en sus planillas personales.
Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó la importancia del caso en la evolución de las investigaciones de la agencia. “Estoy muy satisfecho porque contamos con más mecanismos para trabajar con este tipo de evasión, en la que utilizamos, además de la tecnología, estrategias indirectas para hacer la auditoría, como comparar el estilo de vida del acusado, versus los ingresos que informaba”, dijo.
Agregó que el personal de Hacienda también ha sido capacitado en asuntos bancarios para detectar los diferentes esquemas que utilizan estos evasores.
“El Departamento no es el mismo de hace cinco años, pagamos rápido y también fiscalizamos mucho mejor. Parte de nuestro trabajo es lograr un sistema más equitativo y eso solo se consigue haciendo que todas las personas que tengan que pagar, paguen. Tenemos otros 12 casos sobre los que estaremos actuando y anticipo que son unos sustantivos”, destacó.
Parés Alicea subrayó que la colaboración con las autoridades locales y federales ha redundado en investigaciones más robustas.
La alianza establecida entre Justicia y Hacienda tiene como fin combatir la evasión contributiva en Puerto Rico. Hasta el momento, el Ministerio Público ha presentado cargos contra tres empresarios, quienes intentaron defraudar al fisco por un total estimado de 8.5 millones de dólares.
