El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecuta en la mañana de este miércoles un operativo contra el narcotráfico en el área oeste de Puerto Rico.
Según se indicó, diligenciaron 22 órdenes de arresto -de las cuales completaron 20- contra una organización criminal que operaba en Sabana Grande, San Germán, Lajas y Cabo Rojo.
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El pasado 22 de marzo, un gran jurado federal emitió una acusación formal de seis cargos acusando a 22 personas de tráfico de drogas.
Los acusados son:
- José Alberto Pagán Casiano, alias “Pito Cansio”
- Víctor Galindo Padilla, alias “Junito”
- John M. Hernández Méndez, alias “El Buster”
- Terril Rivera Calder, alias “TJ”
- Julio Argenis Figueroa Martínez, alias “Argenis”
- Renty A. Areizaga García
- Alexander Rivera Casiano, también conocido como “Papal”
- Gustavo González González, alias “Gotay/GTA/Negro/Tavo”
- Christian Belén Silva, alias “Belén”
- Michael Nazario Rivera, alias “Michael Bolso/El Pri”
- Yomvier Torres Ruiz
- Jaime Rodríguez Juliá
- Víctor Casiano Alameda, alias “Junito”
- Rodney A. Santiago Ramírez
- Gabriel Olmeda Mercado, alias “Rasta”
- Justin Carlo Padilla, también conocido como “Donald Trump”
- José M. Rodríguez Torres, alias “JM”
- Alex Ramírez Sánchez, alias “Pote”
- Axel Vélez Denizac, alias “Axel el Enano”
- Shariel Mercado González
- Yehudy Toro Vargas
- Francisco Ayala Vega, alias “Cabra/Sico”
La acusación formal alega que desde 2019 hasta la fecha de la devolución de la acusación, la organización narcotraficante distribuyó heroína, base de cocaína (comúnmente conocida como “crack”), cocaína, marihuana, fentanilo, tramadol, oxicodona (Percocet) y alprazolam ( Xanax) en el Barrio Majinas, Barrio Las Guaras, Barrio Cerro Gordo, Proyecto de Vivienda Pública (PHP) José A. Castillo en el municipio de Sabana Grande; el Barrio Sabana Eneas del municipio de San Germán; Barrio Sabana Yeguas en el municipio de Lajas; Parabueyon Ward en el municipio de Cabo Rojo, y áreas cercanas para obtener ganancias y ganancias financieras significativas.
“Los cargos en este caso reflejan el compromiso del Departamento de Justicia de desmantelar las organizaciones narcotraficantes que siembran violencia y miedo en nuestras comunidades. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para desmantelar las organizaciones criminales en todo Puerto Rico y romper el ciclo de violencia que perpetúan”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Como parte de la conspiración, los miembros actuaron como líderes, ejecutores, corredores, vendedores y facilitadores. Los imputados tenían acceso a diferentes vehículos que utilizaban para transportar dinero, estupefacientes y armas de fuego. Además, ofrecieron servicios de entrega a sus clientes y se reunían con los clientes en los estacionamientos o donde fuera conveniente para ellos.
"Los miembros de la pandilla usaron la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las áreas en las que operaban", indica el comunicado de prensa de las autoridades federales.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.
