El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el miércoles, que un gran jurado federal emitió una acusación formal contra nueve personas por supuesto tráfico de armas de fuego sin licencia en el Distrito de Puerto Rico.
“Enjuiciaremos enérgicamente a los involucrados en el tráfico ilegal de drogas y armas de fuego, que posteriormente se utilizan en la comisión de delitos violentos como los tiroteos que hemos visto últimamente en nuestras comunidades”, dijo Muldrow en comunicación escrita.
“Estos arrestos demuestran nuestro compromiso de responsabilizar a las personas por el tráfico de drogas y armas de fuego, así como por el lavado de los beneficios de sus actividades delictivas”, añadió.
La investigación fue un esfuerzo conjunto entre las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Policía de Puerto Rico (PRPD).
Según pliego acusatorio, los acusados Kenrick Vargas Castro, Emmanuel Rivera Figueroa, Christopher Shaquille Pérez Álvarez, Kassandra Cruz y Mariam Figueroa se dedicaron al negocio de tráfico de armas de fuego sin licencia. El propósito de su conspiración de tráfico de armas de fuego era enviar armas de fuego de Texas a Puerto Rico para su distribución dentro de Puerto Rico con fines lucrativos.
Como parte de la conspiración, Pérez Álvarez compró armas de fuego en Texas y las envió a Puerto Rico donde otros co-conspiradores las entregaron a otras personas a cambio de dinero. La acusada Mariam Figueroa Alicea supuestamente compró armas de fuego en Texas y recibió transferencias de dinero de co-conspiradores que eran parte de la organización de tráfico de armas de fuego ubicada en Puerto Rico. La acusada Kassandra Cruz supuestamente preparó armas de fuego para enviarlas por correo, las envió a Puerto Rico por correo y recibió transferencias de dinero relacionadas con estas transacciones.
Kenrick Vargas Castro supuestamente entregó las armas de fuego a personas en Puerto Rico a cambio de dinero. Rivera-Figueroa supuestamente recibió armas de fuego de Vargas-Castro y otros y supuestamente se las entregó a otras personas a cambio de dinero.
Según los cargos de la acusación Kenrick Vargas Castro, Kevin Ramos, Leemarie Torres Castro, Julio Torres Castro, Emmanuel Rivera Figueroa y Christian Pérez Álvarez fueron acusados por conspiración para poseer con la intención de distribuir más de cinco (5) kilogramos de cocaína. Estos acusados enfrentan una acusación de decomiso de narcóticos de 66,933 dólares.
Por otra parte, Kenrick Vargas-Castro, Kevin Ramos, Leemarie Torres-Castro y Julio Torres-Castro fueron acusados de supuestamente utilizar medios de comunicación, es decir, teléfonos y correo de los Estados Unidos, para facilitar el tráfico de armas de fuego. Además, Kenrick Vargas-Castro, Kevin Ramos y Leemarie Torres-Castro fueron acusados de conspiración para lavado de dinero. De acuerdo con la acusación, estos tres conspiradores transportaron dinero desde los Estados Unidos continentales a Puerto Rico, manteniéndola oculta en el equipaje y transportada a través de aerolíneas comerciales para su entrega en Puerto Rico. Se enfrentan a una acusación de decomiso por lavado de dinero de 66,291 dólares.
Al ser declarado culpable de los delitos enumerados en la acusación anterior, Kenrick Vargas-Castro entregó una pistola Keltec PLR16, una pistola Aero Precision X-15, sesenta y tres (63) balas de calibre .300, una ronda de .45 munición de calibre y cincuenta (50) cartuchos de munición de calibre .40. Christopher Shaquille Pérez-Álvarez y Mariam Figueroa-Alicea cederán a los Estados Unidos nueve (9) pistolas Century Arms Micro Draco calibre 7.62.
“La acusación y arresto de estas personas envía un mensaje claro a los involucrados en el lavado de dinero, así como en el tráfico de drogas y armas ilegales”, dijo Ivan Arvelo, agente especial a cargo de HSI San Juan. “ICE HSI, junto con sus socios policiales locales, estatales y federales, los perseguirá, los llevará ante la justicia y se apoderará de los activos producidos por su actividad ilícita”.
Los fiscales federales adjuntos Jeanette Collazo-Ortiz y Jonathan Gottfried, jefe de la Sección de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional, están a cargo del procesamiento del caso. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta cinco años de prisión por la conspiración de tráfico de armas de fuego; hasta veinte por narcotráfico; y hasta veinte años por blanqueo de capitales.
