Un gran jurado federal emitió este viernes una acusación contra Samuel Vega Rodríguez de 42 años por coerción y tentación de un menor e intento de producción de pornografía infantil, anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
Según la acusación, Vega Rodríguez -durante mayo a septiembre de 2022- supuestamente persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a sabiendas a una menor de 13 años para que participara en actividades sexuales. El hombre fue detenido en su residencia sin incidentes el pasado 6 de abril.
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Según documentos judiciales, el acusado inició conversaciones a través de las redes sociales con la víctima donde hablaban de sexo y le pedían fotos y videos desnudos de la menor víctima.
En mayo, el imputado y la menor acordaron verse para un encuentro sexual. En el encuentro, la víctima se dio cuenta de que el imputado era mayor que el hombre representado en redes sociales. Pese a que el hombre intentó detenerla, la menor logró escapar tras golpearlo y patearlo.
Vega Rodríguez tuvo hoy su audiencia de lectura de cargos y fianza ante la jueza federal Giselle López Soler y se le ordenó permanecer en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo a la espera del resultado de su caso.
Si es declarado culpable, el sujeto enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 años a cadena perpetua por el cargo de coerción y seducción, y un mínimo de 15 a 30 años de prisión por el cargo de producción de material de explotación infantil.
La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez-Lora, de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, está a cargo del enjuiciamiento de este caso.
“Queremos recordarle a la comunidad que la Oficina del Fiscal Federal, junto con nuestros socios federales, estatales y locales, están comprometidos a proteger a los niños de este tipo de delincuentes”, dijo Muldrow en decaraciones escritas.
“Si usted es una víctima o conoce a otra víctima de este individuo, por favor acérquese; Comuníquese con las autoridades para que podamos protegerlo a usted y a otros de estos delitos”, añadió.
El arresto surgió tras una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) con la asistencia del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
