La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, presentó este jueves el informe de Hallazgos y Recomendaciones del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio, en el cual se evaluaron siete casos que llegaron a los Tribunales que culminaron en un feminicidio.
“El informe no habla de casos específicos. Vas a ver el caso y la radiografía de ese caso, pero no te va a dar el caso con una víctima específica”, dijo la jueza presidenta en conferencia de prensa.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
El documento, menciona en las páginas 49 y 50 que “al evaluar las grabaciones de las vistas, encontramos que en cuatro casos los jueces y las juezas que las presidieron fueron respetuosos(as), empáticos(as), tuvieron paciencia para escuchar, su participación fue activa en las vistas celebradas y aclararon las preguntas que se le hicieron. Sin embargo, aún en los casos en que se observó un buen manejo del proceso que denotaba empatía y respeto, no se orientó a las partes al expedir la orden de protección sobre las consecuencias de una violación a la orden de protección, las conductas prohibidas, la necesidad de que la víctima llevara siempre consigo la orden, entre otras advertencias dispuestas por ley. Tampoco hubo preguntas sobre la existencia de armas o acceso a armas. Del total de siete casos evaluados, se observó una pobre participación de los jueces y las juezas para auscultar la presencia de indicadores de letalidad y para orientar a la parte peticionaria”.
Oronoz Rodríguez explicó que en el informe se ve si a la víctima se le concedió o no una orden de protección y por cuanto tiempo. Si tenía o no vigente la orden de protección al momento del feminicidio. Y si el caso se fue por la vía civil o criminal.
“Pero no vas a ver un nombre especifico al lado de esas radiografías”, expresó al añadir que, al tratarse de siete casos, se puede “intuitivamente” conocer, por ejemplo, el trámite judicial del caso de Andrea Cristina Ruiz Costas.
“El propósito no es auscultar el manejo o las decisiones judiciales que tomó un juez o una jueza, sino darnos herramientas a la administración de saber cuáles practicas no están funcionando, cuales practicas hay que potenciar, que mejores prácticas hay que desarrollar para dar una mejor atención en los casos en los tribunales. Para tu poder analizar lo que ocurrió en esos siete casos, tienes que evaluar el componente entero”, expresó.
Entre las recomendaciones hechas por el Comité dirigido por la exjueza Leida Varona y los jueces Raiza Cajigas, Juan Carlos Vera, William Machado y Janet Perea se incluye asegurarse de que los letrados tengan siempre disponible el Manual de Estrado de Ordenes de Protección en Situaciones de Violencia Doméstica. Se le cuestionó si específicamente la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez (una de las juezas que atendió el caso de Andrea Ruiz Costas), tenía a su disposición ese manual.
“El informe del grupo, no detalla a ningún juez o jueza especifica. Cuando haces el análisis de los adiestramientos que se dan y del porciento de los jueces que los toman, vas a ver que en la tabla especifica veras el nombre del curso o adiestramiento y te dice el número de jueces o juezas que los tomaron. Ho hace una particularización de ningún juez o jueza de ninguno de los aspectos que se evalúan en el informe”, contestó la jueza presidenta.
Otra de las recomendaciones plantea que todos los componentes del Poder Judicial tienen que sistemáticamente ser adiestrados en el manejo de víctimas de violencia de género, perspectiva de género, ética y violencia sexual. Asimismo, procurar mayores acuerdos de colaboración con la policía estatal y municipal para procurar el debido cumplimiento de las órdenes de protección.
Entre el periodo que cubre el informe del 16 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021, en Puerto Rico hubo 81 feminicidios. De esos, el 91 por ciento no llegó a una sala judicial.
