El Departamento de Justicia, a través de su Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), presentó el jueves una querella contra Abarca Health LLC., administrador de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés), tras detectar que incurrió en prácticas engañosas e injustas al imponer las tarifas que pagaría a las farmacias por los medicamentos.
“Como parte de su función fiscalizadora, la Oficina de Asuntos Monopolísticos identificó un problema serio. Este PBM se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas de los medicamentos y lograr la recontratación de su red de farmacias. Por lo que estamos solicitando que se le impongan multas de 5,000 dólares por cada farmacia a la que le hicieron una falsa representación", señaló en conferencia de prensa el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
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La querella de Justicia detalla que para el año 2018, Abarca se convirtió en el PBM exclusivo de un plan médico en la isla y sus líneas comerciales de negocios, proveyendo servicios de administración de red de farmacias que representaban más de 800,000 vidas en Puerto Rico. Durante dicho periodo, Abarca Health realizó una enmienda a sus contratos de proveedores de farmacia, efectiva el 1 de enero de 2019.
Al informar los cambios de tarifas de medicamentos como parte de la enmienda a su contrato, Abarca Health informó falsamente que había realizado un “análisis de mercado exhaustivo” durante seis meses y que las nuevas tarifas eran “competitivas y consistentes con el mercado y las necesidades de nuestros clientes”.
Sin embargo, la OAM descubrió que Abarca Health representó falsamente haber realizado tal análisis. A través de la investigación, la OAM confirmó que el PBM no había realizado ningún análisis formal ni por escrito del mercado, por lo que el Departamento de Justicia le imputa a la compañía una conducta engañosa para justificar las nuevas tarifas y lograr que las farmacias aceptaran los nuevos términos contractuales, mediante lo que constituye una falsa representación y un método injusto de competencia.
“Esta es una práctica inaceptable que afecta la justa competencia en el ámbito de la salud, y no la vamos a permitir. Por lo que hemos presentado una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que ordene a Abarca Health el cese y desista de esta conducta, y que le imponga las multas y penalidades que correspondan”, puntualizó el secretario.
La querella fue presentada ante el DACO conforme al Artículo 3 de la Ley 77- 1964, conocida como Ley de Monopolios y Restricción del Comercio.
El pasado 18 de enero, Justicia anunció que presentó una demanda contra los principales fabricantes de insulina y los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) por alegadamente haber incurrido en prácticas comerciales injustas y engañosas, que han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta un 1,200% de su costo original.
“Estas compañías han creado un esquema de aumentos excesivos e injustificados en el precio de la insulina para su propio lucro y en detrimento de la comunidad de ciudadanos diabéticos en Puerto Rico. Nos parece un abuso hacia una población vulnerable en la isla, por lo que el Departamento de Justicia peleará por los pacientes para defender sus derechos, su bolsillo y acceso a la salud”, denunció el secretario, quien destacó que en Puerto Rico aproximadamente el 30% de la población sufre de diabetes y dependen del tratamiento de la insulina para vivir.
A través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), el Departamento de Justicia representa al Gobierno de Puerto Rico en el pleito contra los fabricantes de insulina: Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc. Estos controlan la mayor parte del mercado en Estados Unidos.
Según se indicó, los PBM o administradores de beneficios de farmacia son empresas subcontratadas por las aseguradoras de salud para manejar las compras y autorizaciones de medicamentos recetados a los pacientes. Estos controlan el listado de medicamentos cubiertos por las pólizas de seguros, pues tienen discreción para determinar cuáles se incluyen o excluyen del formulario.
Exponen el esquema
Según indicó el secretario auxiliar de la OAM, el licenciado Guarionex Díaz Martínez, los PBM comenzaron a implementar la táctica de requerir que los fabricantes de insulina les ofrecieran “rebates” o reembolsos y de amenazar a los fabricantes con la posible exclusión de su producto de insulina del formulario de medicamentos, que es controlado por los PBM.
“Los fabricantes incrementaron sus precios para mantener su margen de ganancia, brindándole a los PBM reembolsos cada vez mayores, con el fin de que estos incluyeran su producto o les otorgaran preferencia. Mediante este esquema, se creó un incentivo enorme para que los fabricantes inflaran el precio artificialmente con el único propósito de ser incluido u obtener una posición favorable en el formulario del PBM. Los PBM retienen gran parte de esos reembolsos. Estos rebates o descuentos no se han traducido en costos más bajos para los pacientes. Todo lo contrario, los pacientes han tenido que costear el creciente aumento en precios, ya sea a través de copagos porque se exceden del límite de sus cubiertas o porque simplemente no cuentan con un plan médico”, explicó el licenciado Díaz Martínez.
Por ejemplo, si el precio del producto de insulina se fijaba en $100, y un PBM quería un reembolso de $40, el fabricante aumentaba el precio de lista a $140 para poder otorgarle el “rebate” de $40 al PBM y mantener la ganancia que generaría al dejar el costo en $100.
“Para que tengan una idea del efecto del esquema, mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico el precio de la insulina producida por Eli Lilly puede fluctuar en los $300.00, en Canadá cuesta $30.00 aproximadamente”, añadió Díaz Martínez.
El secretario de Justicia indicó que la demanda incoada por el Departamento “exige el cese y desista de dichas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustificadamente, el pago de los daños causados y el desembolso de las ganancias obtenidas mediante el esquema ilegal”.
Emanuelli Hernández añadió que este año 2023, “además de continuar reforzando las estrategias para combatir la criminalidad, con especial atención a la violencia de género y la corrupción, el Departamento de Justicia se enfocará en hacerle justicia a las poblaciones más vulnerables, mediante reclamaciones civiles como la presentada hoy y el recobro del dinero del pueblo”.
